La máquina de sellar cadáveres: el ex alto cargo de Ribera detenido por vender el medio ambiente a Forestalia tejó una red de mordidas mientras el ministerio le premiaba con un contrato político
La UCO destapa que el subdirector de Evaluación Ambiental acumulaba en su ordenador más megavatios que 50 funcionarios, recibía discos duros directamente de la empresa y, tras jubilarse, fue «premiado» por la Secretaría de Estado con un puesto a dedo. El fiscal ya le había imputado por prevaricación en otro caso con Iberdrola.
No era un corrupto; era una fábrica de sellos con patas. Eugenio Domínguez Collado, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológico durante el mandato de Teresa Ribera, ha sido detenido esta mañana por la Guardia Civil acusado de presidir una organización criminal dedicada a vender permisos ambientales a la energética Forestalia . Pero lo más obsceno del caso no es solo el cohecho: es que, mientras sus subordinados denunciaban presiones «muy serias y muy constantes» para dar luz verde a proyectos inviables, el ministerio le recompensó con un contrato político tras su jubilación .
La operación ‘Perserte’, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel, ha tumbado la puerta de Domínguez y del propietario de Forestalia, Fernando Samper, junto a otros cuatro investigados. Los delitos imputados son un retrato robot de la delincuencia de cuello blanco: prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal . No es un chiringuito de segunda; es una estructura empresarial del crimen incrustada en el corazón de la política medioambiental.
El modus operandi: discos duros, testaferros y un notario cómplice
Los investigadores de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona han desmontado un entramado de una sofisticación cínica. Domínguez, según las pesquisas, acumulaba en su ordenador más expedientes de megavatios que los 50 técnicos que trabajaban a sus órdenes . Los proyectos de Forestalia ni siquiera pasaban por registro; llegaban directamente en discos duros, como quien entrega la compra a domicilio .
Los pagos presuntamente fluían a través de la mujer del ex alto cargo y de una empresa pantalla vinculada a él, utilizando un «complejísimo entramado societario» para blanquear el capital . La pieza clave para el lavado era un fedatario público: un notario que, presuntamente, facilitaba la compra de sociedades a precios inflados sin elevar las operaciones a público, creando una cortina de humo que ahora se desmorona . No es corrupción de quiosco; es ingeniería financiera al servicio del expolio.
Los funcionarios que trabajaron con él han destapado la olla podrida: «A finales de 2022 y sobre todo en enero de 2023 empezamos a recibir presiones muy serias para hacer Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) positivas a todos los proyectos de Forestalia, presiones muy constantes y muy claras», declararon a EL MUNDO . Más grave aún: «Hay proyectos iguales a otros de Forestalia a los que se calificaba negativamente, mientras a los de Forestalia se les daba luz verde» . Y el colmo de la desfachatez: «Algunos de los informes realizados por Tragsatec en realidad lo fueron por la propia Forestalia, porque contienen errores que sólo existían en los informes de Forestalia» .
El cementerio de aves: cuando la transición ecológica mata la naturaleza
Lo que hace este caso especialmente obsceno es el daño ambiental consumado con el sello del ministerio. En las zonas donde se ubicaron los parques eólicos presuntamente amañados, los agentes han hallado aves protegidas electrocutadas . No es una metáfora: es el cadáver de la política ambiental de Ribera. La investigación examina si la tramitación ignoró deliberadamente la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico y la alteración de hábitats .
Mientras el ministerio predicaba una ejemplar transición ecológica, su propio subdirector de Calidad Medioambiental estaba sellando la muerte de la biodiversidad a cambio de mordidas. No se trata solo de corrupción económica; es una traición a los principios de la ley y a la protección del territorio, convirtiendo la evaluación ambiental en un burdel de permisos para los amigos.
El «premio» ministerial: un contrato a dedo tras la jubilación
Si el caso fuera solo la detención de un funcionario corrupto, sería grave. Pero lo que convierte esto en un escándalo de Estado es la respuesta del Ministerio de Teresa Ribera. Cuando Eugenio Domínguez se jubiló en junio de 2023, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente le contrató a dedo como asesor con nivel 30, el máximo de la función pública, con un contrato de los denominados políticos . Sus propios subordinados lo llaman lo que es: un «premio» .
El objetivo oficial era «dar salida a proyectos», es decir, seguir haciendo lo mismo que había hecho durante años: agilizar Declaraciones de Impacto Ambiental de forma torticera . Eugenio Domínguez estuvo «unos meses» en esa posición, cobrando del erario público mientras la Guardia Civil ya le investigaba. Luego fue recolocado en la también pública Canal de Navarra SA, donde permanece .
La actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha tenido el valor de afirmar que su departamento ofrecerá «máxima colaboración» a la justicia, aunque ha recordado que este «ex alto cargo» dejó de trabajar en el ministerio «hace más de dos años» . Dos años después de que sus subordinados denunciaran las presiones. Dos años después de que acumulara expedientes como churros. Dos años después de que el ministerio le premiara. La respuesta es un manual de cinismo institucional.
El reincidente: ya estaba imputado por prevaricación con Iberdrola
La detención de Domínguez no es un caso aislado. Apenas unas semanas antes, el 20 de febrero de 2026, EL MUNDO reveló que el exsubdirector y la actual directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, habían sido imputados por presunta prevaricación en el caso del parque fotovoltaico FV Tagus de Iberdrola en Cáceres .
La Fiscalía de Medio Ambiente fue demoledora: la Declaración de Impacto Ambiental positiva fue «manifiestamente contraria a la normativa nacional y europea de protección ambiental», se apartó «groseramente de los objetivos de conservación» y favoreció «arbitrariamente el interés del promotor» . El parque se instaló en zona de buitre negro, águila imperial y lince ibérico. Y Domínguez, imputado por ello, seguía siendo el hombre de confianza del ministerio.
¿Cuántas veces hay que imputar a un alto cargo para que el ministerio deje de premiarle? ¿Cuántos cadáveres de aves hay que encontrar para que alguien asuma responsabilidades políticas?
Forestalia: el socio habitual
La empresa aragonesa Forestalia no es nueva en esto. En diciembre de 2025, la UCO ya registró su sede en Zaragoza en el marco de la investigación sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán y la presunta «fontanera» del PSOE, Leire Díez . Y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) lleva años en el punto de mira por aprobar proyectos en tiempo récord mientras los gobiernos autonómicos vecinos los rechazaban .
El Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico del Estado, fue autorizado por el Consejo de Ministros mediante un procedimiento extraordinario «nunca antes utilizado», pese a informes altamente críticos de la Generalitat Valenciana y de la propia Dirección General de Medio Natural de Aragón . Ochenta aerogeneradores en Red Natura 2000, 94 en zonas de sensibilidad ambiental máxima según el propio MITECO . Y todo ello con el sello de Domínguez.
La responsabilidad política no prescribe
Teresa Ribera está ahora cómodamente instalada como comisaria europea de Competitividad. Desde Bruselas, quizá no llegue el hedor de los expedientes amañados, de los discos duros entregados en mano, de los notarios complacientes y de las aves electrocutadas. Pero la estructura que permitió el presunto amaño se gestó, consolidó y ejecutó bajo su mandato.
No vale el «fue hace dos años». No vale el «máxima colaboración con la justicia». Cuando un alto funcionario acumula más expedientes que 50 técnicos, cuando recibe discos duros directamente de una empresa, cuando sus subordinados denuncian presiones «muy serias» y cuando, tras todo eso, se le premia con un contrato político, la responsabilidad política es directa, personal e indeleble.
La justicia tendrá que determinar las penas. Pero la política debería determinar las consecuencias. Mientras tanto, la transición ecológica española yace en el suelo, junto a las aves muertas, con un sello del ministerio en el pico.
