En un movimiento que hiela la sangre y ofende a la decencia más elemental, Pedro Sánchez ha cruzado una línea que parecía infranqueable
Fuentes bien informadas indican que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu para impulsar la salida de ETA del registro europeo de organizaciones terroristas. Ni el Gobierno ni sus socios lo han desmentido. Esta es la culminación de un largo y vergonzoso cortejo, una quid pro quo donde la memoria de las víctimas y la dignidad del Estado se negocian por votos en un parlamento fragmentado.
Es la materialización del miedo: el miedo de un presidente que, falto de principios y acorralado por sus propias contradicciones, ha decidido que la única manera de sobrevivir es pactar con quienes nunca han roto con el pasado de sangre. Mientras, más de 300 asesinatos de ETA siguen sin resolverse, un agravio que clama justicia y no olvido interesado.
El trueque indecente: votos a cambio de olvido
El viaje de Sánchez hacia esta indignidad no comenzó ayer. Es el fruto podrido de una estrategia calculada de supervivencia. Su fragilidad parlamentaria le ha llevado a tejer alianzas con quien fuera el brazo político de ETA, estableciendo un canal de interlocución privilegiado y fluido con Arnaldo Otegi. Esta relación se ha traducido en concesiones tangibles: acercamientos de presos etarras a cárceles del País Vasco y Navarra, concesiones de tercer grado y otras medidas largamente reivindicadas por el entorno de la antigua banda.
Cada movimiento ha estado sincronizado con las necesidades políticas del presidente. Los observadores han documentado cómo los traslados de presos se aceleran en los momentos críticos, cuando Sánchez necesita asegurar el apoyo de sus socios nacionalistas para sacar adelante legislación clave o superar mociones. Es un mercadeo cínico y transparente: votos a cambio de olvido, apoyo parlamentario a cambio de reescribir la historia.
Más de 300 heridas abiertas y una memoria traicionada
La dimensión moral de esta traición se mide en cifras concretas y en dolor real. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), 378 asesinatos por terrorismo permanecen sin resolver en España. De ellos, 307 son crímenes de ETA. Son familias enteras a las que se les ha negado la verdad y la justicia, heridas que no cierran porque el Estado, en su día, no pudo o no supo llegar hasta el final.
Ahora, el mismo Estado, bajo el liderazgo de Sánchez, pretende dar un paso más allá: no solo dejar los casos en la impunidad fáctica, sino borrar oficialmente la categoría terrorista de los autores. Es una doble afrenta. Primero, se abandona a las víctimas; después, se degrada la gravedad de lo sufrido. La banda, aunque disuelta, debe permanecer en esa lista mientras sus crímenes no estén resueltos y mientras su relato no haya sido claramente derrotado en las aulas y en la sociedad. La educación es clave: en las escuelas e institutos debe quedar claro, sin ambages, que unos ponían bombas y otros ponían la nuca; unos mataban para destruir la democracia y otros morían en su defensa.
El guion sanchista: guerracivilismo útil y amnesia conveniente
Sánchez no es un ingenuo arrastrado por las circunstancias. Es un arquitecto consciente de la fractura que alimenta. Su estrategia se basa en un frentepopulismo discursivo que necesita recrear fantasmas del pasado para esconder los monstruos del presente.
Su narrativa es maniquea pero eficaz para una parte de su base: el PSOE no puede pactar con el PP, el PP no debe hacerlo con Vox, pero él, en una pirueta moral sin precedentes, puede y debe aliarse con todos los enemigos históricos de la España constitucional con el fin superior de «salvar a la humanidad del fascismo». Este relato le permite presentar su pacto con Bildu no como lo que es —un trueque indigno—, sino como un mal necesario en una épica batalla contra un enemigo imaginario y amplificado.
Esta deriva tiene un objetivo último claro: evitar la alternancia a cualquier coste. Para ello, está dispuesto a vaciar de contenido la memoria democrática, a equiparar víctimas y verdugos en un relato confuso, y a entregar parcelas de la gobernación del país y sus prioridades a quienes no creen en él. No se trata solo de que hagan política —un derecho que tienen—, sino de que se les premie y se les entregue el timón como pago por servicios prestados.
La derrota moral de un presidente
La pregunta que queda flotando en el ambiente es sencilla: ¿qué favores debe Pedro Sánchez a EH Bildu para haber llegado a este punto? La respuesta, a juzgar por sus actos, es obvia: su propia permanencia en la Moncloa.
Al intentar sacar a ETA de la lista terrorista europea, Sánchez no está haciendo justicia ni construyendo paz. Está blanqueando. Blanquea el pasado de una organización criminal para blanquear su propio presente de alianzas innombrables. Cambia la historia para no tener que cambiar de despacho.
Las víctimas, los demócratas y la historia misma recordarán este episodio como uno de los más bajos de nuestra política reciente. Un momento en el que un presidente, preso de sus urgencias y carente de brújula moral, decidió que el poder personal valía más que la memoria de los asesinados, más que la dignidad del Estado de derecho y más que el deber elemental de no pactar con el legado del terror. Es, en definitiva, la derrota no de ETA, sino de quien debería haberla derrotado para siempre.
