Carta de un ciudadano que creía en la justicia
No es un error. No es un desliz. Es la consumación de una burla premeditada y arrogante contra la ciudadanía. La Fiscalía General del Estado, ese órgano que debería encarnar la rectitud y la ejemplaridad, ha sido oficialmente transformado en un club de delincuentes con privilegios. Un cenáculo donde la condena judicial no es un estigma, sino un mero trámite administrativo antes de la reincorporación con honores.
La fiscal general Teresa Peramato acaba de perpetrar uno de los actos más cínicos y grotescos de la reciente historia judicial española: devolver a la Carrera Fiscal a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado condenado por delito. Sí, han leído bien: condenado. No sospechoso, no imputado, no «presunto». Condenado. La sentencia es tan clara como escandalosa: revelación de datos reservados, multa, inhabilitación e indemnización. Un delito cometido desde la cúspide de la institución que debe velar por el secreto de las investigaciones.
Pero en el vergonzoso universo paralelo que habitan nuestros altos cargos, la lógica se invierte. Peramato, con una desfachatez que hiela la sangre, no solo lo readmite, sino que lo hace escudándose en una «jurisprudencia del Supremo». Una argucia legal que, traducida al castellano, significa: «Para nosotros, las reglas son otras«.
El argumento es de una perversión jurídica sin igual: «Sin pena de prisión, no es necesaria la expulsión». ¡Toma principio! Bajo este esperpéntico criterio, la Fiscalía se convierte en un paraíso para la delincuencia de cuello blanco. ¿Robas datos confidenciales? ¿Abusas de tu poder? ¿Traicionas la confianza pública? No hay problema: si logras esquivar la cárcel (algo casi garantizado para los de tu casta), tu sillón te espera, calentito. La condena no es un obstáculo, es un mero intermedio en una brillante carrera.
Mientras, cualquier ciudadano normal vería su vida laboral destruida por una falta leve. Pero García Ortiz, que vulneró la esencia misma de su función, es recibido de nuevo con una palmadita en la espalda y un «todo queda en casa». La indemnización de 10.000 euros que debe pagar a la víctima es una limosna insultante, la multa de 240 euros al mes es una broma de mal gusto. El verdadero mensaje es cristalino: la justicia es un lujo al que solo algunos tienen acceso.
Peramato firma el decreto con la tranquilidad de quien sella un acta burocrática rutinaria. No hay rubor, ni autocrítica, ni un ápice de conciencia del daño catastrófico que inflige a la credibilidad de las instituciones. La Inspección Fiscal, supuesto órgano de control, se pliega y se convierte en el notario de la impunidad.
Esto ya no es una noticia. Es la prueba definitiva de la putrefacción del sistema. La Fiscalía ya no es el fiscal de los ciudadanos, es el abogado defensor de sus propios miembros caídos en desgracia. Han instituido un «derecho de pernada» feudal sobre la ley: ellos la violan, y luego la reinterpretan para autoabsolverse.
El ciudadano observa, atónito, cómo se construye una justicia de dos velocidades: la de los jueces y fiscales, blindada con cláusulas de impunidad, y la del vulgo, aplicada con todo el peso del Código Penal. El mensaje que lanza hoy la Fiscalía General es terrorífico: Puedes delinquir. Si eres uno de los nuestros, te cubriremos las espaldas.
¿Qué queda entonces de la ejemplaridad que debe presidir la Administración de Justicia? Ha sido sustituida por la ley del silencio, la complicidad corporativa y la burla institucionalizada. Hoy es un día negro para la democracia. Y un día glorioso para la impunidad.
Bienvenidos al Estado de Derecho… para los que están dentro de la trinchera. Los demás, que sigan pagando multas.
