Amenazas a testigos, menores desaparecidos y 167 millones desviados: la trama de corrupción institucional que ambos partidos intentan ocultar tras un cambio de siglas y una comisión de investigación ‘amiga’
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no fue una institución fallida, fue un diseño perfecto de captura del Estado por parte de Esquerra Republicana (ERC). Un mecanismo de desvío de fondos públicos, amparado en la opacidad y el partidismo, que el presidente Salvador Illa ahora protege con el argumento más cínico: la gobernabilidad. Mientras, cientos de millones de euros han circulado sin control y decenas de menores han sido víctimas del sistema que debía protegerlos.
Los arquitectos del saqueo: ERC y su red de fundaciones afines
La trama no es fruto de la negligencia, sino de una ingeniería política meticulosa. Desde que ERC tomó el control de la consejería de Derechos Sociales en 2016, se dedicó a tejer una red de intereses indisoluble entre la administración pública y un conglomerado de fundaciones del llamado «tercer sector».
El movimiento maestro fue el nombramiento en 2016 de Ricard Calvo, concejal de ERC en Girona, como director general de la DGAIA. Calvo no era un funcionario cualquiera: justo antes de su nombramiento era el tesorero de Plataforma Educativa, el entramado de una docena de fundaciones –entre ellas Resilis y FASI– que gestionaban la mayoría de centros de acogida externalizados. Es decir, ERC puso al frente del organismo que concede los contratos multimillonarios al tesorero de las empresas que los iban a recibir.
El resultado fue previsible y escandaloso. En el único año que Calvo estuvo al frente de la DGAIA, ató contratos con su antiguo grupo por valor de 98 millones de euros para los siguientes ocho años. Una vez dejó el cargo, en agosto de 2017, volvió cómodamente a la cúpula de esas mismas entidades, en un ejercicio de puertas giratorias que desprecia cualquier principio de incompatibilidad.
Esta red funcionó como un monopolio. Según los informes de la Sindicatura de Cuentas, más del 55% de los 788 millones de euros gestionados entre 2016 y 2020 fue a parar a solo diez entidades. La principal beneficiaria fue la Fundación Resilis, que se embolsó 80,5 millones. Mientras, el coste por niño y mes llegó a alcanzar cifras demenciales de hasta 5,457 euros, sin ningún control público sobre en qué se gastaban.
El negocio de la miseria: plazas fantasma y desprotección calculada
El modelo de negocio que ERC permitió y fomentó se basaba en dos pilares: cobrar por servicios no prestados y recortar al máximo la protección real a los menores.
Por un lado, florecieron las «plazas fantasma». Trabajadores denunciaron que las fundaciones seguían cobrando módulos completos por jóvenes que ya no residían en los pisos, habían sido trasladados a otras comunidades autónomas o incluso habían regresado a sus países de origen. La Oficina Antifraude investiga, por ejemplo, 13 expedientes entre 2019 y 2024 que certifican estos pagos por menores inexistentes. Un trabajador de la Fundación Resilis que se negó a firmar informes que blanqueaban estas prácticas relató cómo su coordinadora le admitió sin rubor: «Si gestionas prestaciones, te toca hacer mucho trabajo sucio».
Por otro lado, el sistema demostró una desprotección criminal. El caso más aberrante es el de una menor de 12 años que, bajo la tutela de la DGAIA, fue violada y explotada sexualmente durante dos años por una red de pederastia. A pesar de que los educadores del centro alertaron de que la niña tenía una «relación» inadecuada con un adulto, y de que los padres denunciaron a los Mossos d’Esquadra, nunca se informó a los consejeros de Derechos Sociales de turno. La directora de la DGAIA en ese periodo, Ester Sara Cabanes, ha negado incluso que la menor estuviera bajo tutela cuando comenzaron los abusos. Una muestra más de la opacidad y la dejadez que costó a una niña su infancia.
La tapadera: el PSC de Illa, de cómplice necesario a guardián del statu quo
Con el cambio de gobierno, la esperanza de una limpieza se evaporó rápidamente. La estrategia de Salvador Illa ha sido clara: «No encubro nada (…), pero tampoco voy a dar pábulo a falsas denuncias». Traducción política: depende del apoyo parlamentario de ERC para gobernar y no está dispuesto a sacudir el avispero.
En lugar de investigar y depurar responsabilidades, el Govern de Illa ha optado por medidas cosméticas:
- Cambiar el nombre de la DGAIA a Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), un lavado de cara institucional.
- Destituir a la directora y subdirector que él mismo nombró apenas medio año antes, en un gesto de pura circulación de cargos sin afrontar el fondo del problema.
- Bloquear en el Parlament, junto a ERC y los Comuns, una propuesta para aplicar directamente las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, según denuncian otros grupos.
Mientras Illa señala a Junts como principal responsable para exculpar a su socio ERC, los hechos demuestran una connivencia activa. La propia Generalitat siguió transfiriendo millones de euros a la Fundación Resilis en plena tormenta de investigaciones, aumentando incluso los pagos de 22 millones en 2022 a más de 25 millones en 2023. El dinero fluyó por al menos 11 vías distintas de la administración catalana, demostrando que la red de captación de fondos públicos de esta entidad era extensa y estaba profundamente arraigada.
Una traición con doble firma
Este escándalo es la crónica de una traición anunciada y consentida. ERC diseñó y ejecutó un sistema que convertía la vulnerabilidad de los menores en un lucrativo negocio para sus entidades afines, sembrando la desprotección y el despilfarro. El PSC de Salvador Illa, llegado al poder, ha preferido la comodidad del pacto a la obligación de la justicia, protegiendo a los responsables a cambio de estabilidad parlamentaria.
Mientras, las víctimas reales –los niños y adolescentes tutelados– siguen esperando justicia. Y testigos valientes como Marc, el educador que arriesgó su carrera y su salud mental para grabar las irregularidades, siguen con pendrives repartidos entre familiares «por si me pasara algo», viviendo con el miedo de quien se atreve a desafiar a un poder corrupto y bien conectado. El silencio de Illa es, en este punto, tan culpable como la rapiña de ERC.
