Me voy pero me protejo
La dimisión del candidato del PSOE tras la debacle electoral en Extremadura contrasta con su determinación de conservar el acta de diputado regional, un movimiento interpretado como un blindaje frente a su próximo juicio por corrupción.
Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, ha confirmado este lunes por la tarde que dejará la dirección del partido en la región tras el peor resultado de su historia. Sin embargo, en un movimiento que ha generado una oleada de críticas, el dirigente socialista se aferra a su escaño en la Asamblea de Extremadura, un puesto que le otorga aforamiento y, por tanto, le protege de ser juzgado por la Audiencia Provincial por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación de los que está acusado.
El caso judicial, que se celebrará en mayo y junio del próximo año, investiga su presunta implicación en la creación a dedo de una plaza pública en la Diputación de Badajoz que acabó ocupando David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La jueza instructora, Beatriz Biedma, ya calificó de «fraude de ley» la maniobra mediante la cual Gallardo accedió al Parlamento autonómico en junio del año pasado, a través de una cadena de renuncias en la lista, con el objetivo declarado de «aforarse in extremis» y cambiar el tribunal competente para su causa.
Un resultado histórico para olvidar
La dimisión de Gallardo llega tras una debacle electoral sin paliativos. En las elecciones del domingo, el PSOE extremeño se desplomó hasta los 18 diputados, perdiendo 10 escaños respecto a 2023 y marcando su mínimo histórico en una comunidad que durante décadas fue un feudo socialista. El propio Gallardo reconoció anoche que el resultado era «muy malo, sin paliativos».
A pesar de esta derrota, que él asume liderando el partido, su renuncia no es completa. Al mantener el acta de diputado regional, Gallardo conserva la condición de aforado. Esta situación le permite que su juicio, inicialmente previsto para la Audiencia Provincial, pase a ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), un proceso que los críticos tachan de intento de eludir la justicia ordinaria.
El «fraude de ley» y las críticas de la jueza
La magistrada Beatriz Biedma no ha dudado en calificar la maniobra de aforamiento de Gallardo como un «fraude de law», un criterio que fue posteriormente avalado por el TSJEx. Los magistrados concluyeron que el político no adquirió el acta «de forma natural» tras unas elecciones, sino mediante una «concatenación de actos» orientados a obtener «precipitadamente» el aforamiento.
En uno de sus autos, la jueza llegó a recriminarle: «Parece que en el momento histórico actual se ha olvidado, pero cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general».
El peso de los escándalos en la campaña
La campaña electoral en Extremadura estuvo marcada por la sombra de la causa judicial. Gallardo, que fue presidente de la Diputación de Badajoz durante una década, es acusado de haber participado en la creación en 2016 de la plaza de coordinador de conservatorios musicales que ocupó David Sánchez. La instructora considera «inverosímil» que Gallardo, presidente de la institución en ese momento, no supiera que el puesto estaba destinado al hermano de Pedro Sánchez.
Durante la precampaña, el propio Pedro Sánchez viajó a Extremadura para arropar a Gallardo, aunque eludió hablar del caso judicial que afecta a su hermano y a su candidato. Por su parte, Gallardo defendió en actos públicos la «honradez» del PSOE y atribuyó la salida de David Sánchez de la Diputación a la «presión de la ultraderecha».
Un caso en una red más amplia
El «caso Gallardo» no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una red más amplia de escándalos que afectan al entorno del PSOE y que incluyen hasta once casos de corrupción y acoso sexual según algunos análisis. Esta situación ha llevado a los socios de gobierno de Sánchez, como Sumar y el PNV, a manifestar su «cansancio» y a exigir explicaciones y cambios.
La decisión de Gallardo de abandonar la primera línea política pero aferrarse al escudo que le proporciona su escaño refleja una estrategia de una cobardía de supervivencia judicial en un momento de máxima debilidad política. Mientras asume la responsabilidad por la histórica derrota electoral, su movimiento para blindar su futuro ante los tribunales plantea serias cuestiones sobre la ética pública y el uso de las instituciones para la defensa personal.
La próxima cita, ahora, es en mayo, en los tribunales. Allí se decidirá si la maniobra del aforamiento, ya tachada de fraudulenta por la justicia, logra su objetivo final o se convierte en un último episodio de una carrera política marcada por la polémica.
