Exige coherencia mientras silencia críticas en su partido

Las expulsiones de figuras históricas del PSOE que han criticado sus políticas revelan una ironía profunda: el presidente pide a otros «no actuar como Torquemadas» mientras su partido aplica mano dura contra la discrepancia interna.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha erigido en portavoz de la «coherencia política» en sus recientes declaraciones públicas, llegando a criticar a quienes «actúan como Torquemadas» en el debate político. Sin embargo, un análisis detallado de su gestión interna en el PSOE revela una realidad paradójica: el mismo líder que predica tolerancia hacia fuera aplica una férrea disciplina hacia dentro, castigando sistemáticamente cualquier disidencia con su línea política.

Esta contradicción queda evidenciada por las múltiples expulsiones o amenazas de expulsión contra históricos socialistas que han criticado sus decisiones o su liderazgo. Desde la salida forzosa de Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina hasta las presiones para sancionar al expresidente Felipe González, el partido gobernante ha convertido la discrepancia en un delito de deslealtad punible.

La caza de disidentes en Ferraz

El 14 de septiembre de 2023, el PSOE comunicó la expulsión de Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), por su «reiterado menosprecio» a las siglas del partido. La decisión, tomada por la Ejecutiva Federal, llegaba después de que Redondo mostrara públicamente su rechazo a la posible ley de amnistía para los líderes del procés catalán.

Redondo no era una voz marginal. Hijo del histórico líder de UGT, había sido diputado vasco y lehendakari candidato. En un artículo publicado días antes de su expulsión, advirtió que si el PSOE concedía esa amnistía, «será responsable de poner en paréntesis el periodo político más brillante de nuestra historia contemporánea». Sus críticas tocaban el núcleo del debate constitucional, pero la dirección socialista optó por el silenciamiento administrativo.

El caso de Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, sigue un patrón similar aunque con consecuencias judiciales. Expulsado en diciembre de 2022 tras un expediente que se prolongó durante 18 meses, Leguina denunció en un juicio posterior que «el Partido Socialista se ha convertido en un partido donde no se puede discutir». Según su testimonio, todo comenzó tras sus críticas en un libro a Pedro Sánchez: «No le debió sentar muy bien», afirmó.

El expediente disciplinario contra Leguina, iniciado en mayo de 2021, se basaba en declaraciones donde el expresidente señalaba que Sánchez «está destruyendo el partido» o que no votaría por el candidato socialista en Madrid porque era «representante del partido sanchista». La Ejecutiva Federal consideró que estas palabras «menoscababan el prestigio y la imagen pública» del líder.

La situación llegó al extremo cuando militantes socialistas promovieron una campaña de recogida de firmas para expulsar al mismísimo Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996. La iniciativa, impulsada por la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, buscaba abrir un expediente disciplinario contra González por calificar la ley de amnistía como una «barrabasada» y un acto de «corrupción política». Aunque la dirección no ha actuado formalmente contra el expresidente, el mensaje de intolerancia hacia las críticas quedó claro.

La teoría de la discrepancia vs. la práctica de la disciplina

La ironía del discurso de Sánchez radica en la distancia entre sus declaraciones públicas sobre el valor del debate plural y su gestión real de la discrepancia interna. Mientras externamente se presenta como defensor del diálogo, internamente aplica un manual de sanciones que equipara la crítica con la deslealtad.

Los estatutos del PSOE contemplan que cualquier militante puede ser sancionado si «expresa públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al partido». Esta definición, sujeta a interpretación, ha sido utilizada repetidamente contra quienes cuestionan decisiones polémicas como la amnistía o los pactos con independentistas.

La tendencia se extiende más allá de las figuras históricas. La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, puso en duda recientemente la limpieza de las primarias que eligieron a Pedro Sánchez, denunciando irregularidades en los censos de militantes al menos en la provincia de Guadalajara. Según su testimonio, «en agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente había 40». Su crítica fue directa: «Me cuesta muchísimo pensar que nuestro secretario general era ajeno a los comportamientos que tenían sus personas más cercanas».

El presidente regional Emiliano García-Page, aunque mantiene formalmente su puesto, ha marcado distancias claras con Sánchez, rechazando «la política de mirar para otro lado» ante los casos de corrupción. Page ha subrayado que, en su gestión, ante un caso similar nunca diría «que no le conocía», en clara alusión a las declaraciones de Sánchez sobre su exministro José Luis Ábalos.

El precio de la unidad forzada

La estrategia de Sánchez genera una paradoja organizativa: mientras intenta proyectar una imagen de partido unido y disciplinado, las expulsiones y sanciones han creado una simbiosis contraproducente entre disidentes internos y oposición externa.

La imagen de Redondo Terreros recibiendo la noticia de su expulsión mientras almorzaba con el expresidente del PP José María Aznar y el ya expulsado Leguina es quizás la metáfora más clara de este efecto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no perdió la oportunidad de elogiar la trayectoria del exdirigente socialista y criticar la «deriva del PSOE hacia lugares peligrosos».

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, intentó restar importancia a la expulsión de Leguina sugiriendo que «va a estar más tranquilo fuera del Partido Socialista». Pero la tranquilidad impuesta mediante la exclusión tiene un coste político: vacía al partido de voces críticas que históricamente han aportado profundidad ideológica y frenos internos a posibles derivas oportunistas.

La campaña para expulsar a Felipe González, aunque no ha prosperado formalmente, simboliza hasta qué punto el actual liderazgo socialista está dispuesto a reescribir la historia del partido. Como señalaba un comentario ciudadano ante esta noticia: «Vale más una foto de Felipe que todo el progre río actual». Otro añadía: «Entre todos juntos de ahora, no le llegan a Felipe ni a la suela de los zapatos».

Coherencia entre el decir y el hacer

La democracia interna en los partidos políticos es un termómetro de la salud democrática de un país. Cuando las formaciones que gobiernan la nación convierten la discrepancia en motivo de expulsión, establecen un precedente peligroso para el debate público en su conjunto.

Pedro Sánchez enfrenta así una contradicción fundamental: puede seguir pidiendo a otros que no actúen como «Torquemadas», pero mientras su partido aplique la hoguera administrativa a los críticos internos, sus palabras resonarán con un eco hueco. La verdadera coherencia no se mide por la uniformidad del discurso, sino por la capacidad de sostener el debate con quienes piensan distinto, especialmente cuando comparten siglas.

En un momento de polarización política creciente, la opción entre el pensamiento único interno y el pluralismo democrático definirá no solo el futuro del PSOE, sino también la calidad de nuestra democracia. Por ahora, la balanza se inclina preocupantemente hacia la primera opción.