Un terremoto político de 24 millones
La salida de la socialista, imputada por un presunto expolio de 400.000 euros, desata una crisis de gobierno y obliga a una urgente reestructuración a solo dos meses del Carnaval
En un movimiento forzado por la presión judicial, Inmaculada Medina, una de las figuras más poderosas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presentó su dimisión como concejala este pasado lunes, tras ser imputada en la investigación del caso Valka por su presunta participación en una trama de facturas infladas en el área de Parques y Jardines.
La que fuera responsable de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas justificó su decisión como un «acto de responsabilidad» para dedicarse a su defensa y evitar daños al gobierno municipal, en una comparecencia sin preguntas donde estuvo arropada por compañeros del grupo de gobierno. Sin embargo, su salida no es solo una baja en el equipo de la alcaldesa Carolina Darias, sino un terremoto político que deja huérfanas áreas clave con un presupuesto conjunto de 24 millones de euros y obliga a una compleja reestructuración en un momento crítico: a las puertas del Carnaval, la fiesta más importante de la ciudad.
Las claves del caso Valka
La investigación que forzó la dimisión
El caso Valka es una investigación judicial que trata de determinar si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó supuestamente una trama corrupta. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades en contratos y pagos vinculados al mantenimiento de parques y jardines, investigando delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y fraude.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Medina habría participado en un expolio de 400.000 euros entre 2015 y 2022, período en el que estaba al frente de Servicios Públicos y del área de Parques y Jardines. Los hechos se centran en cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y riego de jardines adjudicados a la sociedad Guerra Patrimonial FGG.
Reacciones políticas y consecuencias
La oposición no ha dejado pasar la oportunidad de criticar la gestión del gobierno municipal. Desde el PP, su portavoz Jimena Delgado-Taramona afirmó que la dimisión de Medina «no puede presentarse como una buena noticia ni como un gesto de regeneración, sino como lo que realmente es, una decisión tardía e inevitable ante una situación insostenible».
Mientras, el portavoz de CC en el Ayuntamiento, David Suárez, subrayó que la renuncia de Medina «es un paso necesario, pero no suficiente», exigiendo que «el Ayuntamiento impulse una investigación municipal rigurosa, que se auditen todos los contratos y facturas relacionadas con el área de Parques y Jardines, y que se depuren responsabilidades políticas».
El impacto institucional de la investigación
El caso Valka se ha cobrado un importante peaje en la estructura del Consistorio capitalino, pese a que el procedimiento todavía no pasa de la fase de investigación preprocesal. En solo quince meses, se han producido:
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El cese de la gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), Marina Más, en noviembre de 2025, para «evitar posibles interferencias en la investigación».
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La suspensión de empleo y sueldo por tres años del exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, por compaginar su condición de empleado público con la de administrador de una empresa con otro de los investigados sin haber solicitado permiso de compatibilidad.
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La renuncia al acta de concejala de Inmaculada Medina, una vez conocida su imputación en la investigación sobre las presuntas facturas infladas en los consumos de agua en Tamaraceite.
Además de Medina, en el caso Valka también están investigados el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Setién; el jefe de la oficina técnica de Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el asesor jurídico de Geursa, Luis Manuel Pérez Cañón; y el funcionario Sergio González Cubas. A ellos se une la empresa Guerra Patrimonial FGG, de Felipe Guerra.
El vacío de poder y la carrera por el relevo
La herencia de Medina: carteras clave y el desafío del Carnaval
La dimisión de Medina deja un vacío político de considerable magnitud en el gobierno municipal. Durante sus 18 años en el Ayuntamiento, había acumulado una notable influencia y controlaba áreas estratégicas con un presupuesto conjunto de 24 millones de euros . Su sustitición no es sencilla, como reconocen desde la oposición: «Es la mayor figura política que le quedaba a Darias, su pata negra».
La proximidad del Carnaval, que comienza a fines de enero, impone un acelerón en el reparto de las áreas que dejó huérfanas la edila socialista. Medina había logrado revertir el mantra que se repite en las filas socialistas desde la polémica edición de 1994: «el carnaval no gana elecciones, pero puede hacer que las pierdas» . Con una cuidada atención personal, económica e institucional a los grupos, había conseguido que el carnaval fuera también un «granero de votos» para su partido.
Los posibles sucesores en el reparto de áreas
Las prisas aconsejan a la alcaldesa Carolina Darias «apostar sobre seguro». Las fuentes consultadas sugieren varios perfiles para el reparto de las áreas de Medina:
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Francisco Hernández Spínola – la mano derecha de Darias – podría asumir Aguas (16,37 millones de euros de presupuesto), aunque algunos abren la puerta a que este área se integre en la política urbanística, bajo la batuta de Mauricio Roque.
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En cuanto al Carnaval y las Fiestas (6,5 millones), las apuestas están más abiertas. La opinión mayoritaria es que se podría unir a Cultura y, por tanto, asumirlo Josué Íñiguez, si bien esto genera dudas respecto a la carga de trabajo de este concejal, que también tiene Seguridad. Otras voces entienden que la concejala de Juventud, Carla Campoamor, podría asumir el reto dada su cercanía a Medina.
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Por lo que respecta a Coordinación Territorial (casi 723.000 euros de presupuesto), podría asumirlo el nuevo concejal Alexis Rodríguez, debido a su conocimiento del funcionamiento de los distritos y del movimiento vecinal en toda la ciudad.
Alexis Javier Rodríguez Suárez, siguiente en la lista socialista de 2023, es un nombre que ha emergido para ocupar el acta vacante de Medina. Rodriguez, conductor oficial del Ayuntamiento actualmente adscrito al concejal José Eduardo Ramírez, es conocido por su activismo vecinal en Costa Ayala y su conocimiento de los barrios de la ciudad . Su posible incorporación al pleno representaría la transición «de chofer a posible concejal, de conductor en el asiento delantero del coche oficial a compañero en la bancada del grupo de gobierno».
El impacto continuado del caso Valka
La investigación del caso Valka sigue abierta y podría derivar en nuevas imputaciones. El juez instructor analiza contratos y pagos que podrían haber supuesto un desvío de fondos públicos de hasta 400.000 euros.
Mientras tanto, la dimisión de Inmaculada Medina marca un punto de inflexión en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde la investigación judicial y sus posibles derivaciones amenazan con alterar el equilibrio político y la confianza ciudadana en las instituciones. El caso representa un nuevo episodio de presunta corrupción en la política local de Canarias y erosiona la imagen del grupo de gobierno liderado por Carolina Darias, que deberá afrontar el pleno con una bancada debilitada.
La reorganización forzosa del gobierno llega en un momento delicado, no solo por la proximidad del Carnaval, sino porque estas reorganizaciones han afectado a áreas claves y «la imagen general es de sobrevivir a base de equilibrios y parcheados de urgencia sin un plan global de ciudad».
Mientras Medina se prepara para declarar como imputada el 19 de diciembre, el gobierno municipal se enfrenta al desafío de redistribuir 24 millones de euros en áreas sensibles y mantener la gobernabilidad de una ciudad que, por ahora, mira con inquietud cómo se desarrolla un caso judicial que ya ha cambiado el mapa político local.
