Cuando la política silencia a la técnica y la SEPI se convierte en el botín
Lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de trámite «normal» se desvela como un complejo entramado donde los informes técnicos fueron desautorizados, las sospechas judiciales se multiplican y casi mil millones de euros de dinero público están bajo la lupa de la justicia.
La polémica generada por las ayudas millonarias a las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa, otorgadas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ha trascendido el debate político para convertirse en un asunto judicial de primera magnitud. Un escándalo que, lejos de apagarse, se amplía con nuevas investigaciones parlamentarias y revelaciones sobre la presunta ocultación de información a las autoridades europeas.
El silenciamiento de las alertas técnicas
En el corazón del escándalo late una contradicción fundamental. Mientras el Gobierno defendía la legalidad y normalidad de los rescates, dentro del propio Ministerio de Economía, entonces dirigido por Nadia Calviño, técnicos especializados alertaron de graves irregularidades.
Su argumento era claro y se basaba en la normativa del fondo de rescates: las ayudas debían dirigirse a empresas viables que hubieran entrado en dificultades a causa de la pandemia, no a aquellas que ya arrastraban problemas estructurales previos. En ambos casos, los informes internos señalaron que estos requisitos no se cumplían:
- Air Europa: Se encontraba inmersa en un proceso de venta a un grupo extranjero (IAG), lo que cuestionaba que el beneficio de la ayuda se quedara en la economía española.
- Plus Ultra: La aerolínea acumulaba pérdidas de más de 13 millones de euros en los cinco ejercicios anteriores a la pandemia, y había evitado la disolución gracias a un préstamo de entidades vinculadas a Venezuela. Para los técnicos, era «clamoroso» que sus problemas no fueran causados por el COVID-19.
Estas voces críticas fueron, según las fuentes, «desautorizadas por orden política». La decisión final siguió adelante, rodeada de lo que las investigaciones judiciales señalan como un denso ambiente de influencias: presiones de altos cargos como José Luis Ábalos, contactos del dueño de Air Europa con Begoña Gómez (esposa del presidente Sánchez), y la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.
De la controversia política a la investigación judicial: una cronología de la sospecha
La evolución de estos casos muestra un patrón de escalada, desde las primeras denuncias políticas hasta investigaciones por presuntos delitos graves.
La situación es tan grave que el Partido Popular, haciendo uso de su mayoría en el Senado, ha creado una comisión de investigación específica sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que califica de «caja negra al servicio de la corrupción». Los populares señalan que, del total de 2.691 millones de euros concedidos en rescates, más de un tercio —cerca de 1.000 millones— está bajo investigación judicial. Esta cifra incluye no solo a Plus Ultra (53 millones) y Air Europa (475 millones), sino también a otras empresas como Ávoris (320 millones) y Tubos Reunidos (112 millones).
Las grandes preguntas sin respuesta
Este entramado deja al descubierto varias incógnitas de gran calado para la salud democrática y económica de España:
- ¿Benefició el dinero público español al régimen de Maduro? Esta es la pregunta central que plantea la oposición, al señalar las vinculaciones de Plus Ultra con Venezuela y la investigación por blanqueo. La reciente suspensión de las operaciones de Air Europa y Plus Ultra en ese país por decisiones del gobierno venezolano añade más capas de complejidad geopolítica al asunto.
- ¿Dónde están los límites entre el interés general y el amiguismo? La trama de influencias descrita —con nombres y apellidos de altos cargos y ex presidentes— proyecta la sombra de que las ayudas se concedieron no por criterios técnicos de viabilidad o estratégicos, sino por presiones políticas y relaciones personales.
- ¿Qué precio paga la credibilidad institucional? La presunta ocultación de información a la Comisión Europea por parte de la SEPI socava la transparencia y la rendición de cuentas. Que un instrumento del Estado creado para salvar empresas estratégicas esté en el centro de una investigación por «prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal» es un golpe severo a la confianza en las instituciones.
Mientras tanto, el contraste no puede ser más hiriente: mientras estas aerolíneas recibían cientos de millones, millones de autónomos y pequeños empresarios luchaban por sobrevivir a la crisis sin recibir un apoyo comparable. Air Europa, además, anunciaba en noviembre la compra de hasta 40 nuevos aviones Airbus A350, una inversión millonaria que contrasta con su necesidad de rescate público.
La defensa de la «normalidad» por parte del presidente Sánchez se estrella contra los hechos: informes técnicos desoídos, investigaciones judiciales en marcha, comisiones parlamentarias de investigación y la sombra de un posible desvío de fondos. Lo que se presenta como un salvamento económico estratégico se asemeja cada vez más a un sistema opaco donde el dinero de todos los españoles parece haber seguido rutas marcadas por la influencia y no por el rigor. La pregunta que queda en el aire es si la justicia y la política podrán, o querrán, restaurar la «normalidad» que la ciudadanía espera: la de un Estado de Derecho donde los fondos públicos se gestionan con transparencia, eficacia y lealtad a lo público.
