La farsa jurídica: ¿de quién?
Se acusa al proceso de ser una farsa judicial, y con razón en muchos aspectos. Juicio sumarísimo, defensa con apenas horas para preparar el caso, acusaciones de torturas. Sin embargo, la aplicación retroactiva de la ley no fue un invento de aquel consejo de guerra. El Decreto-Ley Antiterrorista de agosto de 1975 se aplicó con carácter retroactivo precisamente para estos casos. La dictadura murió matando, como señalan los historiadores, y usó todas las herramientas legales a su alcance para hacerlo.
El verdadero ejercicio de justicia retroactiva lo vemos ahora, medio siglo después. Mientras el Tribunal Constitucional ha recordado sistemáticamente que la Carta Magna no tiene efectos retroactivos y que no se pueden rejuzgar actos de poder anteriores a su vigencia, el legislativo contemporáneo parece empeñado en hacer justicia poética —o política— con cuentas del pasado.
La santificación selectiva de la memoria
Lo más fascinante de este proceso es su selectividad. Txiki y su compañero Ángel Otaegui han pasado de ser presentados como mártires de ETA a ser reconocidos como «víctimas de la violencia política» e incluso como «luchadores por la democracia». Esta metamorfosis no es orgánica: responde a una patrimonialización política de su memoria. Su historial terrorista —y el de las personas que asesinaron— se desdibuja en el relato.
Mientras, las víctimas de ETA, los policías Díaz López y Díaz Linares, y cientos más, permanecen en un segundo plano del relato histórico oficial. Sus nombres no inspiran canciones como Al alba de Luis Eduardo Aute, compuesta por los fusilamientos de 1975. Sus historias no son reivindicadas por plataformas memorialistas. Su dolor no se transforma en capital político.
La perplejidad calculada
Dicen que todos nos quedamos perplejos ante estas declaraciones de ilegitimidad. Pero la perplejidad es un lujo que no nos podemos permitir. Lo que estamos presenciando no es un ejercicio de justicia histórica, sino de ingeniería memorial. Se trata de reescribir el pasado para que encaje en el presente, de crear mártires donde hubo militantes armados, y de dibujar una línea nítida entre buenos y malos que la historia, en su complejidad, nunca ha tenido.
Franco fusiló a cinco personas el 27 de septiembre de 1975, entre ellas a un terrorista de ETA. Que un gobierno democrático, medio siglo después, decida que aquella ejecución fue «ilegítima» es quizás la prueba definitiva de que, en España, la historia no la escriben los vencedores, sino quienes tienen la mayoría parlamentaria suficiente para nombrar comisiones de la verdad.
Al final, como resume con ironía el hermano de Txiki: «Pues coño, era de un comando, no estaba escribiendo un libro…». Exacto. Y los miembros de los comandos que matan policías suelen acabar mal, en todas las dictaduras y en todas las democracias. Revisar aquellos juicios por sus irregularidades es justo. Convertir a sus protagonistas en iconos democráticos es, simplemente, cinismo histórico en estado puro.
