García Ortiz abandona el cargo tras ser condenado por revelación de secretos
La sentencia condenatoria, que le inhabilitaba por dos años, ha precipitado su renuncia «en un acto debido» a la institución y a los ciudadanos. El Gobierno se ve ahora forzado a buscar un sustituto para la máxima figura del Ministerio Público.
Madrid. – La toga ya no le cabe. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha presentado este lunes su dimisión, cruzando un punto de no retorno marcado por la tinta de una sentencia del Tribunal Supremo. Tan solo cuatro días después de que el alto tribunal le condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, García Ortiz ha decidido no esperar a que la justicia le desalojara por la fuerza. Él mismo ha abierto la puerta y ha emprendido la salida.
La noticia de su renuncia llegó al Ministerio de Justicia en forma de carta dirigida a Félix Bolaños. Un documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que es a la vez un acto de rendición, un alegato de servicio público y un epitafio forzoso para una carrera truncada. «Es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad», escribe el fiscal, arguyendo su «profundo respeto a las resoluciones judiciales» como el motor principal de su decisión.
Una condena inapelable
El pasado jueves, la Sala Segunda del Supremo cerró cualquier posible resquicio de continuidad. El fallo, que aún se desconoce en su motivación completa pero es firme y ejecutable, no dejó lugar a dudas: los hechos que se le imputaban eran delictivos. «Esta decisión judicial… implica que el más alto tribunal… ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial», reconoce García Ortiz en su misiva, aceptando el golpe sin paliativos.
Con esta condena, el hasta ahora máximo representante del Ministerio Público se convertía en un inhabilitado en el cargo, una paradoja jurídica que ha querido resolver con celeridad. Su dimisión es un movimiento calculado para evitar el daño prolongado de una ejecución penal sobre la institución. «Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española», subraya, en un intento de enmarcar su salida como un acto de responsabilidad última.
Balance y agradecimiento en la despedida
En su carta de despedida, García Ortiz no se limita a capitular. Hace balance de su etapa al frente de la Fiscalía, que comenzó el 19 de julio de 2022 tras relevar a Dolores Delgado. Con orgullo herido, defiende su legado: «Tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución (…), con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional».
Dirige, además, un guiño de agradecimiento al Gobierno que le nombró. «La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo», afirma, cerrando el círculo de una relación que la justicia ha cortado de cuajo.
El tablero en manos del Gobierno
Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La dimisión de García Ortiz despeja la incómoda incógnita de cómo gestionar a un fiscal general condenado, pero abre de inmediato la urgente necesidad de encontrar un sustituto. Un nombramiento de altísima sensibilidad política que pondrá a prueba la voluntad de consenso y la búsqueda de un perfil que restaure la autoridad y el prestigio de una institución sacudida por este terremoto judicial.
El reloj de la Fiscalía General del Estado se ha puesto a cero. Y su antiguo guardián abandona el puesto, no por su propia voluntad, sino acorralado por el peso de la toga que una vez vistió con honor.
