Una Encrucijada Legal y Política
El auto de libertad provisional de Santos Cerdán, dictado por el juez Leopoldo Puente, representa una encrucijada legal y política. Por un lado, la justicia aplica un principio técnico; por otro, la decisión libera a la figura central de una trama de corrupción que alcanza las altas esferas del Gobierno en un momento en que las pruebas en su contra no solo se mantienen, sino que se han reforzado.
Los Fundamentos de la Decisión Judicial
La resolución del magistrado del Tribunal Supremo no es una absolución, sino un cambio en la medida cautelar, basado estrictamente en una evaluación de tres riesgos que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Riesgo de destrucción de pruebas, «seriamente mitigado»: El juez Puente argumenta que la investigación ya ha asegurado «informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso». En esencia, la Guardia Civil ya ha recopilado las pruebas críticas, por lo que el peligro de que Cerdán las altere ha disminuido.
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Riesgo de fuga, no «cierto y acusado»: El auto considera que no existe un riesgo elevado de que Cerdán huya, y las medidas cautelares impuestas –retirada del pasaporte y prohibición de salir de España– buscan conjurar este riesgo de manera menos gravosa que la prisión.
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Riesgo de reincidencia, descartado: Dado que Cerdán «no ostenta en la actualidad cargo público alguno, ni tampoco conserva relación orgánica de dirección» con el PSOE, se entiende que su capacidad para cometer nuevos delitos en el mismo ámbito está neutralizada.
Es crucial destacar que el juez es enfático al señalar que los indicios de criminalidad contra Cerdán no se han disuelto, sino que se han «reforzado en buena medida». La libertad no es una declaración de inocencia, sino una decisión procesal.
La Sólida Acusación que Persiste
La decisión judicial se produce justo cuando la investigación de la UCO pinta un cuadro más preciso y grave de la trama que se le atribuye a Cerdán.
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Arquitectura del beneficio: La UCO lo sitúa como el «enlace» entre el Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos, y la empresa Acciona. La operativa era sistémica: Acciona y la empresa de Cerdán, Servinabar, firmaban un memorándum de entendimiento antes de que se licitaran las obras. Una vez Acciona ganaba la adjudicación, rubricaban un contrato de servicios por el que Servinabar «obtenía el 2% neto del importe de adjudicación».
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Beneficio cuantioso y enriquecimiento familiar: Esa comisión del 2% no era simbólica. Según la UCO, constituyó la «principal fuente de ingresos» de Servinabar, representando el 75.33% de sus beneficios. Los investigadores han rastreado cómo estos fondos beneficiaron directamente a Cerdán y su entorno, financiando el alquiler de su vivienda en Madrid (44.645 euros) , el pago de gastos personales y familiares a través de una tarjeta de crédito de la empresa (más de 33.575 euros) , y contratos a su mujer, hermana y cuñado.
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La expansión internacional de la trama: La investigación revela que las actividades de la trama traspasaron fronteras. La UCO ha encontrado mensajes en los que Cerdán facilitaba a Koldo García, el exasesor de Ábalos, la identidad de dos ministros del Gobierno de Marruecos, presentando a uno como «de plena confianza», en el contexto de un proyecto de puerto industrial para el que un consorcio encabezado por Acciona pujaba.
Una Libertad que Invita a la Reflexión
La puesta en libertad de Cerdán, aunque ajustada a derecho, plantea una reflexión crítica sobre la percepción de la justicia. El contraste es evidente: la ciudadanía observa cómo quien está señalado como presunto director de una trama que se lucró sistemáticamente de lo público sale en libertad, mientras las pruebas en su contra son más sólidas que cuando entró en prisión.
La decisión del juez Puente, miembro de Jueces para la Democracia y considerado un magistrado progresista, subraya la necesidad de separar el análisis jurídico-procesal del político. Sin embargo, en la esfera pública, este acto judicial alimenta la narrativa de una posible justicia de doble raso y deja al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha declarado sentirse tranquilo ante la noticia, frente a la paradoja de que su antiguo mano derecha enfrente acusaciones tan graves en libertad.
