El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos, por la filtración de un correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Detalles de la condena
La Sala de lo Penal del alto tribunal llegó a esta decisión por mayoría de cinco votos a favor frente a dos, con los votos particulares discrepantes de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. La sentencia conlleva la salida inmediata de García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado.
Además de la pena principal, el fallo conlleva las siguientes consecuencias:
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Indemnización: Deberá pagar 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.
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Costas procesales: Asumirá el pago de las costas del proceso.
Trasfondo del caso
El caso que llevó a esta condena se originó en marzo de 2024, cuando varios medios de comunicación hicieron público un correo electrónico en el que el abogado defensor de Alberto González Amador proponía a la Fiscalía un pacto o conformidad, reconociendo que su cliente había cometido «dos delitos contra la Hacienda Pública».
La investigación, a cargo del magistrado del Supremo Ángel Hurtado, determinó que el correo electrónico filtrado tuvo «salida» de la Fiscalía General del Estado y «destino» en la «Presidencia del Gobierno», desde donde, según el auto, se hicieron gestiones para que acabara publicado
. El fiscal general siempre negó haber filtrado personalmente el documento o haber dado la orden de hacerlo, defendiendo que las gestiones de esa noche tenían como objetivo preparar un desmentido oficial ante informaciones que consideraban bulos.
Reacciones políticas y próximos pasos
La condena ha tenido un impacto inmediato en el ámbito político:
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El Gobierno emitió un comunicado en el que, si bien anunciaba que iniciará el proceso para elegir un nuevo fiscal general, señalaba que «respeta» la resolución pero no la «comparte», recordando que había creído en la inocencia de García Ortiz.
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El Partido Popular ha exigido responsabilidades políticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber defendido al ahora condenado fiscal general.
La sentencia íntegra, que se hará pública en los próximos días, detallará los fundamentos jurídicos de la condena y los argumentos de los votos particulares. García Ortiz aún podría presentar recursos ante el propio Tribunal Supremo y, posteriormente, ante el Tribunal Constitucional.
