La mujer del César ya no tiene que parecerlo, ahora solo tiene que serlo

La decisión del PSOE de Castilla y León de incluir en sus listas autonómicas al alcalde de Villablino, Mario Rivas —actualmente investigado por un presunto delito de tráfico de influencias— reabre el debate sobre el uso del aforamiento como presunto escudo judicial. La frase atribuida a Julio César —»la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también padecerlo»— parece haber sido reescrita por los socialistas castellano y leoneses: ahora, basta con ser candidato, sin necesidad de aparentar estar libre de sombras.

La cita a declarar de Rivas, marcada para el 27 de abril como investigado por usar recursos municipales para promocionar su ganadería familiar, no ha sido un impedimento. Al contrario, ha coincidido con su confirmación como candidato socialista. El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada lleva el caso.

El aforamiento: ¿un salvavidas legal?

La estrategia es diáfana y calculada: si Mario Rivas resulta elegido procurador en las Cortes de Castilla y León, su nueva condición le otorgará aforamiento automático. Esto significa que la causa penal que ahora instruye un juzgado ordinario pasaría a ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Este mecanismo, diseñado para proteger la independencia de los cargos públicos, se convierte aquí en un puente hacia un procedimiento potencialmente más lento y complejo. Es una jugada que el electorado debe conocer antes de depositar su voto: una papeleta por el PSOE podría ser, en este caso concreto, un voto por cambiar la sede judicial que juzgará a uno de sus candidatos.

Una lista que cuestiona la «regeneración»

La inclusión de Rivas contrasta con el discurso de renovación que el PSOE, bajo el liderazgo de Carlos Martínez, intenta proyectar. Mientras se anuncian nuevos cabezas de lista, la presencia de un candidato con un procedimiento judicial abierto por un delito de corrupción mancha este propósito.

Además, Rivas no es un candidato cualquiera. Ocupa un puesto en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSCyL como secretario de Transición Justa, un cargo de confianza en el equipo de Martínez. Esto implica que su elección como candidato ha contado con el visto bueno de la cúpula del partido en la comunidad.

Un historial de controversias

Esta no es la primera vez que la actividad ganadera de Mario Rivas genera controversia política. En 2021, ya tuvo que comparecer en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Villablino para responder a las acusaciones de la oposición sobre el uso de medios municipales para fines privados. Entonces, Rivas negó estar «imputado ni investigado». La situación ahora es distinta: hay un procedimiento judicial abierto y una citación formal.

Anteriormente, en 2022, fue absuelto de un delito leve de hurto de pastos tras la retirada de la acusación particular, un caso que él calificó como una «denuncia deliberadamente falsa» con motivación política. Sin embargo, la investigación actual por tráfico de influencias es de una gravedad institucional muy superior.

La complicidad del silencio

La estrategia parece requerir, además, la complicidad del silencio. Según informaciones publicadas, representantes de otras formaciones políticas habrían tenido conocimiento de las presuntas irregularidades sin actuar en consecuencia. Esto sugiere una normalización de las prácticas cuestionables que debilita los controles democráticos. El mensaje que se envía es peligroso: lo relevante no es la transparencia o la ejemplaridad, sino la lealtad de grupo y la permanencia en el cargo.