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El Tribunal Supremo humilla a la Fiscalía al confirmar la condena a su exfiscal general, mientras el hermano del presidente se cree por encima de la ley negándose a dar su domicilio. La UCO destapa cómo Pardo de Vera borró pruebas en plena investigación, un testigo vincula a PDVSA con la financiación socialista y un empresario afín a Bono inyecta medio millón de euros en una sociedad fantasma manchega. El Estado de Derecho, contra las cuerdas.
El Supremo tumba los intentos de la Fiscalía y García Ortiz de anular su condena
El sistema judicial español vive una jornada de alta tensión política después de que el Tribunal Supremo haya confirmado de manera firme la condena al ex fiscal general del Estado, en un varapalo sin precedentes a la estrategia de la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz. Fuentes del alto tribunal han confirmado que la Sala de lo Penal ha rechazado de plano los incidentes de nulidad presentados contra la sentencia que condenó al que fuera máximo responsable del Ministerio Público, despejando el camino para la ejecución de la pena y cerrando la puerta a cualquier intento de la defensa por revertir el fallo.
El tribunal, en un auto notificado esta mañana, considera que las alegaciones de la Fiscalía no tienen fundamento jurídico y que la sentencia se ajustó a derecho, lo que supone un nuevo golpe a la credibilidad de la institución y un refuerzo de la tesis de la sala sobre la actuación irregular del ex fiscal.
El hermano de Sánchez se niega a dar su domicilio a la Justicia y recogerá en persona la citación del juicio
Paralelamente, en Badajoz, el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, protagoniza un nuevo episodio de confrontación con la Administración de Justicia. Según ha podido saber este periódico, el músico y asesor de la Diputación de Badajoz se ha negado a proporcionar su domicilio a efectos de notificaciones, obligando al juzgado a citarlo personalmente para el acto de juicio. Fuentes judiciales han confirmado que el propio David Sánchez acudirá la semana que viene a la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz para recoger en mano la citación, en un movimiento interpretado por algunos sectores como una maniobra dilatoria o una muestra de desacato a los procedimientos habituales.
La UCO vincula a Pardo de Vera con la destrucción de pruebas
Mientras tanto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho público un nuevo informe que salpica directamente a la cúpula del Ministerio de Transportes durante la gestión de la pandemia. Los investigadores han revelado que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, borró parte del contenido de su teléfono móvil en un momento clave de la investigación del ‘caso Mascarillas’. La Benemérita sostiene que el asesor Koldo García «se valió» de su posición de influencia sobre Pardo de Vera para agilizar presuntamente contratos irregulares de suministro de material sanitario, lo que refuerza la tesis de una red organizada desde el interior de la administración para beneficiar a determinadas empresas.
La conexión entre el ‘caso Koldo’ y la política internacional se estrecha también en la Audiencia Nacional. El juez instructor ha citado de urgencia al comisionista Víctor de Aldama para que comparezca y entregue, tal y como anunció en su declaración, el famoso sobre que, según su testimonio, contenía documentación sobre la financiación irregular del PSOE. Aldama declaró ante el juez que ese sobre le fue entregado personalmente por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de las operaciones de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en España. La entrega de esta documentación, que el empresario asegura tener en su poder, podría abrir una nueva vía de investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido.
Una conexión dominicana salpica a un exdirigente socialista
En un nuevo capítulo de tramas económicas que rodean al Partido Socialista, este diario ha tenido acceso a un movimiento financiero que apunta a una compleja red de transferencias internacionales. Un empresario dominicano, identificado como Jiménez V., abogado de profesión y situado en la órbita del ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono, ha transferido 450.000 euros a una sociedad limitada con sede en Almansa (Albacete).
Las pesquisas revelan que Jiménez V. lidera desde 2020 una empresa en República Dominicana junto a un ciudadano español, Juan Segovia. En 2021, este bufete o sociedad realizó un préstamo de casi medio millón de euros a la mercantil manchega, una firma que, según los registros, no presenta actividad comercial ni negocio conocido que justifique una inyección de capital de tal magnitud. Los investigadores tratan ahora de esclarecer el origen de los fondos, la identidad de los beneficiarios finales y si esta operación guarda relación con adjudicaciones públicas o contratos en la región.
La acumulación de frentes judiciales coloca al gobierno y al Partido Socialista en una situación de máxima presión, con la oposición exigiendo explicaciones en el Congreso y la ciudadanía asistiendo atónita al goteo constante de revelaciones desde los juzgados.
