El contrasentido de la solidaridad
El Gobierno de Canarias (CC-PP) revela el elevado coste de la acogida de menores extranjeros no acompañados, un dato que choca con las alarmantes cifras de pobreza endémica en el archipiélago y reabre el debate sobre prioridades, gestión y justicia social.
Un frío dato administrativo ha encendido un polvorín social y político en las islas. El Gobierno de Canarias, coalición de Coalición Canaria y el Partido Popular, ha admitido que la acogida integral de cada menor extranjero no acompañado (MENA) tiene un coste anual de aproximadamente 33.000 euros. Esta cifra, divulgada en el contexto de la presión migratoria y la saturación de recursos, ha actuado como un espejo que refleja, con crudeza, la otra cara de la moneda: una pobreza estructural que atenaza a más del 30% de la población canaria (tasa AROPE), una de las más altas de España.
La revelación no cuestiona la obligación legal y moral de proteger a menores vulnerables, un deber incuestionable de cualquier sociedad avanzada. Sin embargo, expone una herida abierta: la aparente disparidad de esfuerzos entre un sistema que moviliza recursos considerables para un colectivo específico y la lucha, a menudo percibida como insuficiente, contra una miseria que afecta a cientos de miles de residentes.
Canarias: La pobreza como paisaje habitual
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Informe AROPE dibujan un archipiélago con pies de barro. Ese 30% en riesgo de pobreza y exclusión se traduce en cerca de 700.000 personas. Los motivos son conocidos y persistentes: una economía lastrada por la estacionalidad turística, salarios bajos, una precariedad laboral crónica y un coste de la vivienda desbocado, especialmente en las islas capitalinas.
El panorama es aún más desolador entre los más jóvenes. La pobreza infantil ronda el 40%, uno de los registros más dramáticos de Europa. Aunque se han registrado leves mejoras, la carencia material severa sigue campando a sus anchas. Un 10% de los canarios –unas 220.000 personas– no pueden permitirse una dieta adecuada con proteínas cada dos días, mantener la vivienda con una temperatura adecuada o afrontar gastos imprevistos. La solidaridad, parece, comienza por no poder calentar el propio hogar.
La gestión en el punto de mira: ¿Eficacia o desequilibrio?
El debate, por tanto, no puede reducirse a un “ellos o nosotros”. Es más complejo y penetrante. Ciudadanos y agentes sociales se preguntan: ¿Refleja esta cifra de 33.000 euros una gestión eficaz y transparente de los fondos para MENAS, o es síntoma de un sistema sobresaturado y de costes inflados? Y, sobre todo, ¿por qué no se moviliza un esfuerzo financiero, público y político de magnitud comparable para erradicar la pobreza infantil canaria, la falta de vivienda digna o la precariedad laboral?
Las críticas apuntan a una doble vara de medir. “Nos duele ver cómo se destinan importantes sumas, a veces con opacidad, a un colectivo, mientras las ayudas sociales para familias canarias en riesgo son gotas en un océano de necesidad”, afirma Carmen Rodríguez, trabajadora social en Las Palmas. “No es cuestión de enfrentar pobrezas, sino de exigir coherencia y justicia distributiva. Nuestros niños merecen la misma protección que cualquier menor que llega a nuestras costas”.
Desde el Gobierno canario, defienden su gestión y recuerdan que el coste incluye alojamiento, manutención, educación, sanidad y apoyo psicosocial las 24 horas. Subrayan que es una obligación legal derivada de la presión migratoria que sufre Canarias como frontera exterior de la UE, y acusan a la izquierda de “instrumentalizar el dato para crear discordia”. Sin embargo, evitan una comparación pública directa con la inversión per cápita en sus programas de lucha contra la pobreza local.
Un debate necesario sobre prioridades y solidaridad
El verdadero núcleo de la cuestión no son los menores migrantes, sino el modelo social que Canarias está construyendo. La controversia destapa preguntas incómodas: ¿Está Canarias, por su condición ultraperiférica y fronteriza, asumiendo costes desproporcionados que el Estado central y la UE no compensan suficientemente? ¿Se está generando, por la vía de los hechos, una jerarquía de la vulnerabilidad donde la atención urgente a unos deja en un segundo plano crisis estructurales de larga duración?
La sociedad canaria se encuentra ante un espejo deformante. Por un lado, la obligación humanitaria de acoger. Por otro, la deuda histórica con sus propios ciudadanos. La cifra de los 33.000 euros por MENA no es, en sí misma, un reproche, sino un síntoma de un malestar más profundo: el de una tierra rica en paisajes y pobre en oportunidades, que lucha por ser solidaria consigo misma antes de poder serlo plenamente con los demás. El reto del Gobierno no es justificar un gasto, sino demostrar que la lucha contra todas las pobrezas –la que llega en patera y la que ya habitaba en sus barrios– es, en realidad, la misma batalla. Y que para ganarla, se necesitan recursos, transparencia y una voluntad política a la altura de la emergencia social que vive el archipiélago.
