Niños que no son tan niños
La misión europea revela que, tras realizar pruebas de determinación de edad (la famosa «prueba de la muñeca») a unos 1.500 migrantes en Canarias, «prácticamente la mitad» fueron declarados finalmente adultos . Es decir, cientos de hombres adultos están colándose en el sistema de protección de menores, saturando centros y quitando recursos a los niños que realmente los necesitan.
Esto no es una anécdota, es una estrategia. Como advierte el informe, muchos llegan con edades cercanas a los 18 años para «entrar en el circuito de menores y evitar una eventual expulsión» . Mientras Sánchez se dedicaba a blanquear la inmigración irregular con su regularización masiva, el sistema de acogida de menores estallaba por la base. La Junta de Andalucía ya había denunciado que 600 de los trasladados por el Gobierno eran mayores, y ahora la Eurocámara lo confirma a nivel nacional.
Sumisión a Marruecos: el 92% de devoluciones, al limbo
Pero si hay un dato que refleja la claudicación absoluta del gobierno de Sánchez, es el relativo a Marruecos. El informe desmonta la falacia de la «relación estratégica» y la cooperación en materia migratoria. Marruecos rechaza sistemáticamente el 92% de las devoluciones de sus nacionales que llegan ilegalmente a las costas españolas.
El país vecino, al que tanto mimó Sánchez con su giro en el Sáhara Occidental, incumple los acuerdos de readmisión firmados y deja en ridículo a la política exterior española. Los eurodiputados denuncian que Rabat ni siquiera acepta el retorno de embarcaciones rescatadas en su propia zona de búsqueda y salvamento. Esta inacción no solo vulnera el principio de cooperación, sino que alimenta el «efecto llamada» que explotan las mafias .
Mientras tanto, el gobierno socialista, lejos de exigir responsabilidades, ataba los brazos a Europa. El informe recoge que Frontex no tiene barcos ni aviones desplegados en la ruta canaria «por deseo expreso del Gobierno de España». Sánchez prefiere mirar hacia otro lado y limitar la presencia europea, para que no se vea la magnitud del descontrol, mientras las islas se desangran.
El dinero que se esfuma y las islas que pagan el pato
La guinda del cinismo la pone la financiación. El gobierno de Sánchez ha recibido de la UE 560 millones de euros para reforzar el sistema de acogida. ¿Y dónde ha ido a parar ese dinero? Desde luego, no a Canarias. El Ejecutivo de Fernando Clavijo tuvo que gastar 192 millones de euros de su propio presupuesto para tapar los agujeros de la incompetencia estatal, mientras los fondos europeos se evaporaban en alguna partida de los ministerios de Madrid .
El informe es claro: hay una «quiebra del principio de solidaridad». Canarias, que soporta el 65% de los menores no acompañados de toda España, está abandonada a su suerte. Los centros están desbordados, los barrios tensionados y los servicios sociales, al borde del colapso, mientras Sánchez anuncia regularizaciones masivas que beneficiarán a cientos de miles de personas, incluyendo a esos «falsos menores» que la Eurocámara ha destapado.
En conclusión, el informe de la Eurocámara no es solo una crítica técnica; es una radiografía de la rendición. Rendición ante Marruecos, que nos ignora y nos utiliza. Rendición ante el fraude, permitiendo que adultos ocupen plazas de niños. Y rendición ante Canarias, una comunidad tratada como una colonia de la que se exige solidaridad pero a la que se niegan los recursos.
Sánchez ha convertido la política migratoria en un disparate de markéting electoral, y mientras él sonríe en Bruselas, las Islas Canarias pagan la factura de su debilidad. La ciudadanía merece un gobierno que defienda las fronteras, que exija a Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones y que proteja, de una vez, a los menores reales, no a los adultos que se aprovechan de la generosidad de un sistema al borde del naufragio.
El momento de la verdad: Canarias planta cara y dice «basta ya»
Ante este panorama de desidia y ninguneo, la pregunta es obligada: ¿cuándo va a estallar el Gobierno de Canarias? ¿Hasta cuándo va a permitir Fernando Clavijo que Sánchez y su delegado, Ángel Víctor Torres, le tomen el pelo con promesas incumplidas y órdenes unilaterales? Pues bien, las noticias de las últimas semanas confirman que el choque de trenes ya ha comenzado. Canarias se ha cansado de la sumisión y ha empezado a dar portazos.
El primer aldabonazo llegó a finales de enero, cuando el Gobierno de Canarias dijo «no» por escrito al Estado. La Delegación del Gobierno, de manera unilateral y sin negociación previa, ordenó que a partir del 1 de febrero de 2026 la Policía Canaria asumiera en solitario los traslados de menores con medidas judiciales, una competencia que hasta ahora compartían con Policía Nacional y Guardia Civil . La respuesta del Ejecutivo de Clavijo fue inmediata y contundente: «No vamos a asumir esta responsabilidad» . En una carta remitida a la Delegación, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía, el Gobierno canario denunció la «vulneración del principio de lealtad institucional» y advirtió de que la decisión ponía en riesgo a los menores y a los propios agentes . Canarias no se niega a asumir competencias, pero exige hacerlo «con medios, planificación y coordinación», no por imposición y con una plantilla de apenas 282 efectivos, totalmente insuficiente para cubrir las necesidades .
Pero este «no» es solo el aperitivo. El verdadero mazazo, la declaración de guerra política, responde al nombre de Decreto Canarias. Se trata de una iniciativa sin precedentes: un paquete de más de 50 medidas, 35 artículos y 12 disposiciones adicionales con las que Canarias exige al Estado el cumplimiento estricto de los acuerdos firmados y olvidados . Este decreto, que se debatirá en el Parlamento canario el próximo 24 de febrero, es la respuesta a dos años de prórrogas presupuestarias y promesas rotas por parte de Moncloa .
El Decreto Canarias no pide privilegios, sino lo mínimo: 160 millones anuales para mantener el transporte público gratuito, 105 millones para vivienda protegida, la participación del archipiélago en las negociaciones internacionales que le afectan (léase Marruecos) y la gestión de sus propios aeropuertos, entre otras reivindicaciones históricas . Como bien resume un análisis de Canarias7, es «la respuesta de un archipiélago harto de buenas palabras y compromisos incumplidos» . Es, ni más ni menos, que un ultimátum.
La reacción del PSOE canario, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, ha sido la de intentar torpedear la iniciativa desde dentro, negando que estas medidas estuvieran pactadas y acusando a Clavijo de buscar una confrontación artificial . Lo que demuestra, una vez más, que los intereses de partido en Madrid pesan más que las necesidades de los canarios. Mientras tanto, Vox se suma al ‘no’ por centralismo rancio, y Nueva Canarias prefiere mirar hacia otro lado antes que reconocer un avance para las islas si no lo lideran ellos .
El pulso está servido. El Gobierno central, en un alarde de cinismo, ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional el protocolo de menores aprobado por Canarias, intentando dejar claro que «la protección de los menores es siempre competencia autonómica», es decir, que el archipiélago se las apañe solo con el desbordamiento mientras ellos miran desde la lejanía de la Península .
Canarias ha pegado el golpe en la mesa. La pregunta ahora es: ¿tendrá el Gobierno de Clavijo la firmeza suficiente para sostenerlo, o acabará cediendo a las presiones de un Ejecutivo central que ha hecho de la deslealtad su única hoja de ruta con las islas? El 24 de febrero, en el Parlamento canario, empezaremos a verlo.
