La cautivadora incoherencia de la política exterior española
Sánchez puede hablar mucho del derecho internacional, pero su decisión de callar durante los años de tortura y represión en Venezuela para hablar ahora demuestra que los principios son negociables cuando conviene.
La cautivadora incoherencia de la política exterior española ha alcanzado nuevas cotas. Mientras Nicolás Maduro gobernaba Venezuela, España nunca reconoció su gobierno, lo cual es loable. Pero cuando Estados Unidos decide capturar al mandatario, condena la acción con rotundidad por violar el derecho internacional. El gobierno de Pedro Sánchez nos ofrece así una maestría en oportunismo: los principios son sagrados, pero solo cuando conviene políticamente.
Esta sofisticada ambigüedad no es nueva, pero sí especialmente descarada. Durante años, mientras en Venezuela había torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución política, la voz de España fue discreta. Pero ahora, cuando ya no es Maduro quien viola derechos, sino Trump quien viola fronteras, el gobierno socialista descubre su ferviente vocación por el derecho internacional. Qué oportuno.
El silencio que habla: cuando los principios esperan su momento
Durante el régimen de Maduro, según organizaciones de derechos humanos, se registraron alrededor de 36.800 víctimas de tortura y más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales. La represión política dejó 18.305 presos políticos, y el colapso económico sumió al 90% de la población en la pobreza. Frente a esta realidad, la posición española fue de no reconocimiento pero también de no condena explícita y contundente.
Esta tibieza contrasta con la rotundidad actual. En su carta a la militancia del PSOE, Sánchez afirma que «la reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela […] nos recuerdan cuán importante es contar con un Gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional». La pregunta obvia es: ¿dónde estaba esa defensa «siempre y donde sea» cuando se torturaba en Venezuela?
Doble rasero geopolítico: cuando la ideología marca la brújula moral
La posición del gobierno español no es fruto del azar, sino de un cálculo político que sigue patrones predecibles:
- Condena selectiva: Mientras que las violaciones de derechos por regímenes afines ideológicamente reciben un tratamiento diplomático cuidadoso, las acciones de potencias consideradas adversarias merecen condenas inmediatas y contundentes.
- Soberanía de conveniencia: La soberanía venezolana era presumiblemente violable cuando Maduro la usaba para oprimir a su pueblo, pero se vuelve sagrada e intangible cuando Estados Unidos interviene.
- Principios móviles: El derecho internacional parece funcionar como un menú a la carta donde cada cual elige qué plato consumir según el apetito político del momento.
Este comportamiento tiene un nombre en ciencia política: hipocresía estratégica. Y España la ejerce con una elegancia que merecería estudio académico.
La oposición venezolana: un detalle incómodo en el relato
Resulta revelador que en medio de esta polémica apenas se mencione a los verdaderos protagonistas: la oposición venezolana y sus líderes. El PP señala que «el liderazgo del presidente legítimo Edmundo González y de María Corina Machado representa la vía democrática», pero el gobierno socialista prefiere no tomar partido claro en este aspecto.
¿Por qué este silencio? Posiblemente porque reconocer la legitimidad de la oposición venezolana obligaría a condenar con igual fuerza al régimen que la persiguió, algo que Sánchez parece evitar cuidadosamente. Es más cómodo hablar de violaciones abstractas del derecho internacional que de torturas concretas a disidentes políticos.
El teatro de la coherencia: un guion previsible
La posición española sigue un guion que ya conocemos:
- Silencio cómplice durante años de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
- Condena tardía cuando la comunidad internacional ya ha actuado.
- Defensa de principios abstractos (derecho internacional, soberanía) que nunca se aplicaron para proteger a las víctimas.
- Posicionamiento como defensor de la legalidad internacional cuando en realidad se defiende una visión selectiva de esa legalidad.
Este teatro tiene un público: la izquierda española y europea que necesita creer que su gobierno defiende principios y no solo intereses. Pero como bien señalan algunos analistas, en América Latina «la soberanía siempre fue condicional», y España parece haber aprendido bien esa lección.
Entre la incoherencia y el oportunismo
La posición del gobierno español sobre Venezuela es un ejemplo perfecto de realpolitik vestida de idealismo. Mientras miles eran torturados, España callaba. Cuando Estados Unidos actúa, España condena. El mensaje es claro: los principios son importantes, pero más importante es a quién se aplican.
Sánchez podría argumentar que su posición busca un equilibrio difícil entre principios y realidades. Pero ese equilibrio parece inclinarse sistemáticamente hacia donde sopla el viento político. Mientras, los venezolanos que sufrieron la represión pueden preguntarse con razón: ¿dónde estaba el derecho internacional cuando realmente lo necesitábamos?
El gobierno español ha elegido su bando: no el de las víctimas de Maduro, ni el de los intervencionistas estadounidenses, sino el terreno pantanoso de la ambigüedad calculada. Un lugar incómodo, pero políticamente seguro. Al fin y al cabo, en política exterior como en tantas cosas, a veces lo más importante no es tener razón, sino no quedar mal en la foto.
