Un paso necesario: por qué la exigencia de Lastra de acudir a la Fiscalía es acertada
El caso de las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, exasesor en Moncloa y consultor del PSC, ha destapado una grave crisis institucional dentro del PSOE. Mientras la dirección federal del partido opta por la cautela y pide «calma y paciencia», voces internas como la de la exvicesecretaria general y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, exigen llevar el caso «de manera inmediata» a la Fiscalía. Esta divergencia no es un simple desacuerdo procedimental; es síntoma de un problema más profundo sobre la credibilidad de los protocolos internos y el compromiso real con las víctimas de violencia machista en el seno de las instituciones.
El caso Paco Salazar y la respuesta institucional al acoso en la política… Leer Más →
Las sombras de la gestión interna: entre «fallos informáticos» y desconfianza
Los hechos, según la información publicada, son graves. Dos militantes socialistas describieron un ambiente laboral «irrespirable» bajo la dirección de Salazar, con conductas que incluían un lenguaje hipersexualizado y misógino constante, la simulación de actos sexuales en el despacho, comentarios sobre la ropa y el cuerpo de las trabajadoras, y la exclusión de proyectos profesionales como represalia por establecer límites.
La gestión de estas denuncias por parte del aparato del partido ha sido, cuanto menos, opaca y negligente:
- Desaparición de las denuncias: Los testimonios estuvieron desaparecidos al menos un mes y 15 días del canal interno antiacoso del PSOE, algo que Ferraz atribuyó inicialmente a un «fallo informático».
- Reacción tardía y a la defensiva: La dirección nacional, encabezada por la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha admitido que el partido «podría haber sido más diligente»y ha pedido disculpas a las víctimas . Sin embargo, ha evitado sistemáticamente dar el paso de acudir a la justicia ordinaria, argumentando que «no le compete a ella» y que hay que esperar a que la comisión interna «resuelva».
- Malestar interno creciente: La reunión urgente convocada para calmar a las federaciones regionales fue descrita por asistentes como «rara» y de «mucha tensión». Según algunos testimonios, el encuentro fue «un desastre» y se cortaron los turnos de palabra de forma abrupta, generando más indignación.
Ante este panorama, la postura de Adriana Lastra no es una simple discrepancia, sino una reacción lógica y necesaria frente a lo que parece una estrategia de contención del daño político.
Más allá de la política: la urgencia de la vía judicial
La exigencia de Lastra pone el foco donde debería estar siempre: en la gravedad de los hechos denunciados y en los derechos de las víctimas. Su argumento es claro: cuando las conductas descritas podrían constituir delitos de acoso sexual o violencia de género, la única respuesta institucionalmente ética y legalmente sólida es la judicialización del caso.
- Restaurar la confianza en el sistema: La desaparición de las denuncias y la gestión titubeante han quebrado la confianza en el mecanismo interno del partido. Como señaló una dirigente, las víctimas confiaron antes en un medio de comunicación que en los protocolos de Ferraz. Derivar el caso a la Fiscalía es el único modo de recuperar algo de credibilidad y demostrar que no hay intención de encubrir.
- Garantizar una investigación imparcial: Una comisión interna de un partido político, por muy bienintencionada que sea, carece de la independencia, los medios coercitivos y la autoridad de un juez o un fiscal. Solo la justicia ordinaria puede garantizar una investigación rigurosa, con todas las garantías, y determinar si hubo delito.
- Un mensaje político crucial: En un contexto donde el PP y Vox han acusado al PSOE de «hipocresía» y «doble moral» en su feminismo, persistir en la vía interna alimenta ese relato. Demostrar que se antepone la justicia a cualquier cálculo partidista es el único antídoto.
La dirección nacional parece priorizar una gestión de crisis de manual: contener el fuego interno, pedir calma y dejar que el tiempo diluya la presión. Lastra, en cambio, parece entender que en casos de acoso sexual, la calma se parece demasiado a la impunidad y que la paciencia es un lujo que las víctimas no pueden permitirse.
Una prueba de fuego para el feminismo institucional
El «caso Salazar» se ha convertido en una prueba de fuego para el compromiso del PSOE con sus propias banderas. La postura de Adriana Lastra, respaldada por varias federaciones, es la correcta y la más coherente con los principios que el partido dice defender. Insistir en agotar una vía interna ya desprestigiada no solo es ineficaz, sino que es política y moralmente erróneo.
La justicia no es un último recurso al que acudir cuando fallan todos los demás; debe ser el primer y único camino cuando hay indicios de delito. Si el PSOE quiere salir de esta crisis con algún resto de autoridad moral en materia de igualdad, debería seguir la exigencia de Lastra y otros críticos internos: dejar de gestionar el caso como un problema de partido y tratarlo, por fin, como lo que es, un posible delito que debe investigar la justicia. La credibilidad de su feminismo está en juego.
