Una peligrosa normalización

El precio de la paz no debe ser la amnesia. Las víctimas de ETA observan cómo sus verdugos y sus cómplices políticos son hoy homenajeados e investidos de poder en las instituciones.

La herida abierta del terrorismo en España no ha cicatrizado. Por el contrario, se está produciendo una revisión inquietante de la historia, donde la línea que separa al verdugo del político legítimo se difumina con la complicidad de quienes gobiernan. Mientras las víctimas y sus familias mantienen vivo el recuerdo de los 854 asesinatos, el secuestro de la democracia y el miedo que paralizó a una sociedad, una operación de blanqueo político, consentida por Zapatero y continuada por Sánchez, intenta normalizar lo inmoral: premiar con cargos y privilegios a quienes nunca condenaron la barbarie.

La estrategia de «socialización del sufrimiento» que ETA implementó en sus años más sangrientos —asesinando a políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos para «extender el dolor» y quebrar la voluntad democrática, encuentra hoy un eco perverso. No en las balas, sino en la legitimación política. Los herederos de aquel proyecto violento, lejos de ser aislados, son elevados a socios de gobierno necesarios, sus votos cotizados al más alto precio en el mercado parlamentario.

El precio de la impunidad: De la calle a La Moncloa

El camino recorrido es revelador. Organizaciones como Batasuna, brazo político histórico de ETA, fueron ilegalizadas por su vinculación con el terrorismo. Sin embargo, su espacio ha sido ocupado por formaciones que, aunque con nuevos nombres, mantienen vínculos indisolubles con el pasado. Como señala Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación de víctimas Covite, «los jefes políticos de ETA están hoy en las instituciones, cada vez con más poder, sin haber condenado un solo atentado terrorista».

Esta impunidad no es un accidente, sino la consecuencia directa de una calculada ambigüedad. Se invita a la sociedad a creer que quienes antes «pegaban tiros y jaleaban los asesinatos hoy hagan política», como si fuera un éxito democrático. Se omite deliberadamente que para la izquierda abertzale radical, el terrorismo nunca fue una alternativa a la política, sino una herramienta más dentro de su estrategia. Cambiaron el método, no necesariamente el fin último.

Este proceso culmina en el corazón del Estado. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado con crudeza que «herederos políticos de asesinos entren hoy en La Moncloa como si nada». Una crítica que expresa la profunda deslegitimación moral que siente una parte mayoritaria de la sociedad española. Las imágenes de quienes ordenaron, financiaron o aplaudieron atentados estrechando la mano del presidente del Gobierno en palacio no son un símbolo de reconciliación, sino de traición a las víctimas.

Homenajes que duelen más que el olvido

Mientras esta normalización avanza en los despachos, en las calles del País Vasco y Navarra se suceden actos que son una bofetada a la memoria. No se trata de recordar a fallecidos, sino de ensalzar públicamente a terroristas convictos y confesos, presentándolos como luchadores políticos o gudaris (término que los propios miembros de ETA utilizaban para autodenominarse).

Para las víctimas, estos homenajes son una segunda ejecución. Reviven el dolor, pero sobre todo, constatan que el crimen de sus seres queridos ha sido vaciado de toda condena moral. Marimar Blanco, hermana del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado en 1997, advierte: «la memoria se ve amenazada por el olvido selectivo y el blanqueamiento de los herederos del odio y del terror».

La pregunta que late en el fondo es demoledora: ¿Puede una democracia sana entregar su rumbo a quienes jamás han condenado un asesinato?. La respuesta ética es clara, pero la práctica política parece dictar otra cosa. Se ha instalado la peligrosa idea de que la «convivencia» exige pagar un precio, y ese precio es la amnistía histórica y moral para los verdugos y sus cómplices.

La voz de las víctimas frente al silencio cómplice

Frente a esta deriva, la voz más lúcida y digna es la de quienes más han sufrido. Personas como Consuelo Ordóñez, que lleva tres décadas clamando justicia por su hermano Gregorio, asesinado por ETA en 1995. O como los familiares de José María Martín Carpena, concejal del PP en Málaga asesinado en el año 2000, a quien su ciudad rinde homenaje recordando su compromiso democrático.

Estas voces señalan una verdad incómoda: la derrota de ETA, soñada como un rechazo social unánime y un aislamiento total de los violentos, «nunca se produjo». En su lugar, se ha construido un relato de «final sin vencedores ni vencidos» que, en la práctica, premia a los segundos y abandona a los primeros.

La dignidad no se negocia

Una sociedad que consiente que sus gobernantes blanqueen a asesinos y sus acólitos políticos —seguidores incondicionales que sostienen y propagan su causa, no solo traiciona a sus víctimas. Traiciona sus propios cimientos. La democracia se construye sobre el respeto a la vida y la condena inequívoca de quien la arranca. Cuando ese principio se negocia por unos votos, todo el edificio se resquebraja.

Los actos de homenaje a víctimas, son un antorcha necesaria contra el olvido. Pero no bastan. Exigen un correlato político: que ningún partido que no haya roto de forma clara, pública e inequívoca con el terrorismo y su justificación tenga cabida en las instituciones. Los pactos de gobierno no pueden ser un cheque en blanco para la impunidad.

Como afirmó Gregorio Ordóñez, víctima de ETA, «significa que vale más comprarse una escopeta que votar». Si la democracia premia con poder a quienes ayer usaban o defendían la escopeta, estará enviando el mensaje más destructivo posible: que la violencia, al final, sí merece la pena. Y eso es algo que España no puede permitirse. La memoria de los 854 asesinados y la dignidad de un país entero lo exigen.