Decreto de urgencia, silencio parlamentario y requisitos de cartón: la receta para regularizar a medio millón de personas y llamar «política social» a la capitulación.
En el teatro del absurdo que ha devenido la política migratoria española, el Gobierno ha decidido que, si no puede controlar la frontera, al menos puede normalizar la consecuencia. Su última genialidad burocrática: un decreto de regularización extraordinaria que no solo perdona, sino que prácticamente premia, la situación de cientos de miles de personas en situación irregular. Bajo el manto de la «compasión» y los «derechos», se esconde una operación de ingeniería social masiva, ejecutada por la vía rápida y con un desprecio palpable por el control parlamentario y la seguridad jurídica.
Lo que antaño fue un problema que gestionar, hoy es un recurso demográfico que explotar. Y en este proceso, conceptos como legalidad, integración real y control han sido arrojados por la borda con una sonrisa.
Un «Problema» que se Multiplica por Ocho: El Fruto del Descontrol
La primera pregunta que cualquier gobierno responsable se haría es: ¿a cuántas personas afecta esta medida? La respuesta, proporcionada por análisis independientes, es un escándalo en sí misma. Según el centro de análisis Funcas, la población en situación irregular en España se ha multiplicado por ocho en los últimos nueve años, pasando de unos 107.000 en 2017 a aproximadamente 840.000 personas en la actualidad.
Esta explosión no es un acto de la naturaleza; es el resultado directo de años de políticas laxas, retórica permisiva y una gestión fronteriza que, en la práctica, ha consistido en mirar para otro lado. La mayoría no llega en pateras épicas, sino en aviones. El Gobierno, lejos de atajar esta sangría, ahora la sanciona con papeles. Regulariza el síntoma para no tener que curar la enfermedad, creando un perverso incentivo que los críticos llevan años advirtiendo: el «efecto llamada».
El Método Sánchez: Decreto, Urgencia y Silencio Parlamentario
Ante un desafío de semejante magnitud, uno esperaría un debate nacional sereno, un proyecto de ley detallado y una votación en el Congreso donde se rindan cuentas. Nada de eso. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en connivencia con Podemos, ha optado por la vía del Real Decreto. Un atajo legal que permite sacar adelante la medida sin un escrutinio parlamentario real, esquivando así a una oposición mayoritaria en contra y a las voces críticas dentro de su propio arco de gobierno.
Es la misma táctica del hecho consumado: crear una realidad nueva desde La Moncloa y desafiar al resto a deshacerla. ¿Para qué debatir si se puede decretar? El mensaje es claro: la soberanía parlamentaria es un estorbo cuando se trata de objetivos ideológicos.
El Milagro del «Arraigo Exprés»: Cinco Meses, un Contrato Vitalicio
El núcleo de la farsa lo constituyen los requisitos, o más bien, la ausencia de ellos. El Gobierno ha establecido que podrán optar a la regularización quienes acrediten una estancia de más de cinco meses en España. Cinco meses. Seis contados desde el momento de la solicitud.
Esta es la gran broma. Se ha vaciado de todo significado el concepto de «arraigo», que debería implicar vínculos profundos, laborales, familiares o sociales, construidos con años. Ahora, cualquier persona que haya logrado eludir los controles durante medio año merece, según este criterio, el mismo estatus que quien lleva una década trabajando y contribuyendo en la sombra. Es la banalización de la integración. Además, la medida se extiende generosamente a solicitantes de asilo y a sus hijos menores, ampliando aún más el perímetro de la amnistía administrativa.
La Fiesta de la Documentación Creativa y el Silencio Penitenciario
¿Y cómo se acredita esa estancia? Aquí la creatividad es la norma. Vale cualquier documento público o privado: un empadronamiento (que muchas comunidades facilitan sin mayores miramientos), un contrato de alquiler, un informe médico o, joya de la corona, un justificante de envío de remesas. Es decir, se puede probar que se está en España demostrando que se manda dinero fuera de España. La circularidad es perfecta.
Paralelamente, solo se exige no tener antecedentes penales. Una declaración que, en el contexto de una población sin registros previos en el país, es poco más que un trámite de buena fe. La promesa de «controles después» suena a consuelo para tontos. El procedimiento se anuncia rápido y ágil, con resolución en tres meses y, clave, con la suspensión automática de cualquier orden de expulsión en cuanto se presenta la solicitud. La puerta de salida, cerrada. La de entrada, abierta de par en par.
El Espejismo del «Impacto Positivo»: Salarios a la Baja y Presión Social
Para vender el parche, el Gobierno y sus aliados recurren a un supuesto impacto económico «nítidamente positivo», citando estudios que calculan un beneficio fiscal neto de miles de euros por inmigrante. Lo que callan es la letra pequeña de otros análisis. El afloramiento de la economía sumergida puede beneficiar a corto plazo a la Seguridad Social, pero genera derechos de gasto futuro (pensiones, prestaciones) que hipotecan las arcas públicas.
Además, la llegada masiva de nuevos trabajadores al mercado formal presionará a la baja los salarios en sectores ya de por sí precarizados, como la agricultura, la construcción o el empleo doméstico. Se solucionan las «vacantes» de la hostelería a costa de deprimir las condiciones laborales de todos. Y estos nuevos residentes legales, necesitando vivienda, avivarán la ya insostenible demanda en el mercado inmobiliario, disparando aún más los precios del alquiler. Un alivio para las pensiones, quizás. Un golpe para el bolsillo de los jóvenes españoles, sin duda.
La Normalización de la Irresponsabilidad
Esta regularización no es una solución. Es la capitulación final ante un problema de dimensiones colosales que el propio Gobierno ha permitido que crezca. Es cambiar las reglas a mitad de la partida porque jugar con las que existen resultaría demasiado complicado. Es premiar la irregularidad, desincentivar la vía legal y enviar un mensaje al mundo: España no controla quién entra, pero regulariza a quien se quede.
Pedro Sánchez y sus socios no están integrando inmigrantes; están institucionalizando el caos. Han elevado la dejación de funciones a categoría de política de Estado. Y lo han hecho, cómo no, a golpe de decreto, sin debate y con una sonrisa vacía. Es el triunfo definitivo del relato sobre la realidad, de la ideología sobre el sentido común, y del cortoplacismo político sobre el interés nacional a largo plazo. El Estado de Derecho sale hoy más débil de este «día histórico».
