| Operación | Monto Involucrado | Jurisdicciones | Acusación Principal |
| Rescate Plus Ultra | 53 millones (rescate) + 10 millones (comisión presunta). | España, Panamá, Puerto Rico, Dominica. | Comisión a Zapatero por influir en el rescate. |
| Negocios petroleros | 500.000€/mes x 36 meses (oferta a Ábalos). | Venezuela, España, República Dominicana. | Intermediación política para esquivar sanciones. |
| Estructuras financieras | Hasta 10 millones en préstamos intragrupo. | Luxemburgo, Suiza, Panamá, Portugal. | Blanqueo de capitales venezolanos. |
El informe de la UCO detalla cómo la trama de hidrocarburos destinó aproximadamente un millón de euros «para comprar la voluntad» de Ábalos y otros cargos, incluyendo 585.000 euros para un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) que el exministro «disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico».
Las respuestas políticas y el futuro de la investigación
Estas acusaciones se producen en un contexto de creciente presión política. El PP ha anunciado que pedirá la comparecencia de Zapatero en el Senado por sus «tratos» con Maduro. Mientras, dentro del PSOE crece la preocupación por el impacto de estos casos, con sensaciones internas de que «esto no aguanta, Pedro no puede aguantar así».
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación por presunto blanqueo de capitales, centrándose en la red de empresarios y sociedades que operaron en España, Francia y Suiza antes y después del rescate de Plus Ultra.
La conexión entre el rescate de la aerolínea y los negocios petroleros venezolanos se ha convertido en el eje de una investigación que sigue expandiéndose. Según fuentes de la investigación consultadas por medios especializados, la trama destapada sería solo «la punta del iceberg» de un entramado de «mucho mayor alcance».
Las instituciones españolas enfrentan ahora el desafío de investigar estas graves acusaciones que, de probarse, revelarían uno de los casos de corrupción de mayor alcance político y financiero en la historia reciente de España. La credibilidad del sistema democrático podría depender de la capacidad de la justicia para esclarecer completamente estos hechos, sin importar la altura política de los posibles implicados.
