Un debate más allá de la izquierda y la derecha

El escándalo desatado por los audios del Hospital de Torrejón de Ardoz, donde un ejecutivo sanitario ordenaba alargar las listas de espera para aumentar beneficios, ha polarizado el debate político en España. Sin embargo, un análisis crítico y más allá del enfrentamiento partidista revela que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la oposición del Partido Popular (PP) se enfrentan a acusaciones de instrumentalizar la sanidad para su provecho político, dejando en un segundo plano la necesaria transparencia y la calidad del servicio a los ciudadanos.

El propio Sánchez acusó directamente al PP a través de la red social X de un modelo que «hace de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse» y prometió defender la sanidad pública «con todos los instrumentos del Estado».

El modelo de Madrid a examen: la gestión privada en el punto de mira

Los hechos son graves. En una reunión interna el pasado 25 de septiembre, Pablo Gallart, CEO del grupo sanitario Ribera que gestiona el hospital público de Torrejón, instó a sus directivos a «desandar el camino» de la reducción de listas de espera logrado en 2022 y 2023 para, mediante «iteraciones» o ajustes, alcanzar un beneficio (EBITDA) de 4 o 5 millones de euros. La estrategia pasaba por reducir intervenciones y rechazar procesos no rentables.

Este episodio se convirtió en munición para el Gobierno central, que encabezó un ataque frontal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su modelo de colaboración público-privada. La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó al Ejecutivo regional de «asfixiar» la sanidad pública y poner «el dinero por encima de las vidas». Óscar López, secretario general del PSOE-M, llamó a la situación «una vergüenza absoluta». La oposición madrileña, PSOE y Más Madrid, anunciaron acciones legales contra el Gobierno regional y pidieron la comparecencia de la consejera de Sanidad.

Los argumentos de la defensa y la reacción del PP

Frente a estas críticas, el Gobierno de Díaz Ayuso defendió su modelo. El portavoz regional, Miguel Ángel García, afirmó que la Consejería de Sanidad está «encima de todos» los hospitales para garantizar una atención «excelente», sin importar el tipo de gestión. Subrayó que Madrid tiene los mejores hospitales de Europa.

Como respuesta, la Consejería envió un equipo multidisciplinar al hospital y convocó una reunión urgente con la cúpula de Ribera. En un comunicado, aseguró que no había detectado incumplimientos del contrato, pero advirtió que «en ningún caso» toleraría prácticas que perjudiquen el acceso a la asistencia. Mientras tanto, la presidenta Ayuso defendió en público un sistema que «fomenta la colaboración público-privada» como parte de «uno de los mejores del mundo».

Una visión crítica: Sánchez, el PP y el uso político de la sanidad

Más allá de la confrontación, una mirada crítica puede identificar estrategias políticas de fondo en ambos bandos:

1. El Gobierno de Sánchez y el riesgo de la sobrepolitización:

• Oportunismo electoralista: El escándalo de Torrejón llegó en un momento de gran debilidad para el presidente, que desde hace semanas trata de capear una serie de acusaciones de corrupción que involucran a su entorno familiar y político, incluyendo la detención de su exministro José Luis Ábalos. Miles de personas se manifestaron en Madrid a finales de noviembre exigiendo su dimisión y la convocatoria de elecciones. La crisis sanitaria le ofrece una vía de escape para cambiar el foco de la conversación política y golpear al principal partido de la oposición.
• Incoherencia territorial: La crítica feroz al modelo madrileño no se aplica con la misma contundencia en regiones gobernadas por el PSOE. Un ejemplo reciente es Andalucía, donde los socialistas han acusado al gobierno autonómico del PP de manipular datos para mostrar una reducción ficticia de las listas de espera. Sin embargo, el Gobierno central no desplegó un discurso de «modelo corrupto» contra la Junta de Moreno, lo que muestra que la sanidad puede ser un arma política selectiva.
• Paradojas de la gestión: Precisamente en Andalucía, el PSOE ha criticado que, a pesar de inyectar «3.700 millones de euros en la sanidad privada en los últimos años», no se haya solucionado el problema de las listas de espera. Esta denuncia, legítima, revela un problema sistémico que trasciende colores políticos: la dificultad para medir y garantizar la eficacia real del gasto sanitario, ya sea en gestión pública o privada.

2. El Partido Popular y la fragilidad del modelo:

• Control cuestionable: El episodio del Hospital de Torrejón expone una de las principales vulnerabilidades de la externalización de servicios: el control efectivo sobre el gestor privado. Aunque la Consejería asegura monitorizar los contratos, los audios revelan que, en el día a día, las decisiones sobre qué pacientes atender o cómo gestionar las listas pueden estar guiadas por criterios de rentabilidad empresarial. Esto plantea dudas sobre la capacidad real de la administración para garantizar que el interés público prime sobre el privado.
• Falta de transparencia proactiva: La petición de datos por parte del Ministerio de Sanidad a las comunidades gobernadas por el PP ha sido calificada por estas de «improvisada» y motivada por «criterios políticos». Si bien la crítica puede tener fundamento administrativo, la actitud defensiva refuerza la percepción de opacidad en un área tan sensible. Un modelo que se presenta como eficiente debería poder demostrarlo con datos claros, accesibles y homologados, sin esperar a requerimientos judiciales.
• Negacionismo del problema: La respuesta inicial del Gobierno de Madrid, centrada en destacar la excelencia general del sistema, puede interpretarse como un intento de minimizar un fallo grave de supervisión. En lugar de abordar de lleno las prácticas reveladas, que incluso han llevado al Defensor del Paciente a pedir una investigación fiscal, se corre el riesgo de transmitir una actitud de tolerancia hacia conductas éticamente reprobables por parte de los concesionarios.

Más allá de la batalla ideológica

El caso del Hospital de Torrejón no debe quedar reducido a un mero intercambio de consignas entre «público» y «privado». Lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en que el sistema sanitario, sea cual sea su fórmula de gestión, los atenderá en función de su necesidad y no de su rentabilidad.

La reacción política inmediata ha sido predecible: el PSOE aprovecha para desviar la atención de sus propios escándalos

y atacar el flanco más débil del PP, mientras que este último se atrinchera en la defensa de su modelo, mostrando poca autocrítica. Sin embargo, lo que los ciudadanos necesitan no son gritos, sino auditorías independientes, transparencia radical en los contratos y datos sanitarios, y un compromiso real de todos los partidos para erradicar cualquier práctica que ponga el beneficio económico por delante de la salud de las personas. Hasta que eso ocurra, la verdadera enferma seguirá siendo la credibilidad del sistema.