Una investigación de «enorme gravedad»

«No me diga usted que eso es un sistema de control» — esta fue la lapidaria observación que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dirigió al exgerente del PSOE durante su declaración, sintetizando la esencia de una investigación que cuestiona los fundamentos de la gestión financiera de la principal formación política del país

La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación de calado sobre los pagos en efectivo que el PSOE realizó a sus dirigentes entre 2017 y 2024. El juez Ismael Moreno, instructor del caso, considera que estos hechos son de «enorme gravedad» y ha ordenado al partido que proporcione el detalle completo de todas estas operaciones en un plazo de diez días.

La investigación se centra en un sistema de compensación de gastos que, según las fuentes judiciales, carecía de controles básicos y cuya explicación ofrecida por el partido no ha satisfecho ni al Tribunal Supremo ni a la Fiscalía Anticorrupción.

Las cantidades y los protagonistas

Según la documentación aportada por el propio PSOE, entre 2017 y 2021 el partido pagó en efectivo 19.638 euros a José Luis Ábalos y 12.744 euros a Koldo García por liquidaciones de gastos. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró descuadres en estas cifras al contrastarlas con conversaciones de WhatsApp intervenidas a los investigados, donde aparecían referencias a cantidades que no coincidían con las declaradas oficialmente.

Además, una empleada del partido identificó como receptores de estos pagos en metálico a otras figuras relevantes, incluyendo al exsecretario de Organización Santos Cerdán y al también dirigente Paco Salazar.

El sistema operaba de la siguiente manera: según declararon ante la justicia el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y una empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, Koldo García era quien habitualmente recogía los sobres con dinero para repartirlos entre Ábalos y el resto del equipo. Esta práctica generó perplejidad en la Fiscalía, que señala que «no consta que Koldo García desempeñara cargo alguno en la Secretaría de Organización del partido», cuestionando así su papel en este proceso.

La sospecha de blanqueo y financiación ilegal

El núcleo de la investigación judicial gira en torno a una hipótesis de trabajo alarmante: que este sistema de pagos en efectivo podría haber servido para blanquear dinero de origen ilícito.

La lógica es la siguiente: si Ábalos y Koldo García recibían comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos —como sostiene la investigación principal del caso Koldo—, podrían haber utilizado ese dinero para sufragar gastos cotidianos (comidas, hoteles, gasolina) y luego solicitar su reembolso al partido. De este modo, dinero negro se convertiría en dinero legal con la apariencia de gastos profesionales reembolsables.

Esta hipótesis se ve reforzada por dos elementos clave:

1. El empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el «nexo corruptor» de la trama, admitió en el marco de su colaboración con la justicia que una parte del dinero de las comisiones ilegales iba destinada al partido.
2. La empresaria Carmen Pano, investigada por corrupción en otros procedimientos, declaró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz en dos entregas de 45.000 euros cada una, siguiendo órdenes de Aldama.

La respuesta del PSOE y las implicaciones políticas

Frente a estas acusaciones, el PSOE ha mantenido una línea de defensa basada en varios argumentos:

• Negación de la investigación: Insisten en que «el partido no está siendo investigado» en esta causa, aunque sí colabora con la justicia.
• Defensa de la trazabilidad: Aseguran que todo el dinero en efectivo abonado «tiene una trazabilidad cierta y legal», procedente de la cuenta bancaria del partido donde se ingresan subvenciones públicas y cuotas de afiliados.
• Normalización de la práctica: Equiparan este sistema de compensación de gastos con la «operativa de cualquier empresa».

Sin embargo, el partido también ha intentado limitar el alcance de la investigación. Cuando el juez Moreno solicitó el detalle de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, el PSOE pidió una aclaración, argumentando que una diligencia tan amplia podría vulnerar la protección de datos de los afectados y constituir una investigación «prospectiva» sin justificación suficiente.

El juez rechazó estas alegaciones de forma contundente, ampliando explícitamente el requerimiento a «todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios» que hubieran recibido pagos en metálico del partido durante ese período.

Una encrucijada institucional

La investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE trasciende el ámbito jurídico para convertirse en un desafío político de primer orden. Los paralelismos con el caso Gürtel y la contabilidad B del PP son inevitables, aunque las escalas económicas sean diferentes. La imagen de sobres con dinero circulando por la sede de Ferraz evoca un pasado que el sistema político español creía superado.

Esta investigación sitúa al PSOE en una posición delicada, especialmente cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió en el Senado haber cobrado gastos de representación a través de este mismo sistema. La petición judicial de documentación de siete años de pagos —que cubre prácticamente toda la etapa de Sánchez al frente del partido y del Gobierno— supone una presión sin precedentes sobre la formación.

Los próximos pasos de la Audiencia Nacional, incluida la posible designación de la UCO como policía judicial para analizar las evidencias digitales incautadas, determinarán si estas sospechas se materializan en cargos concretos o si, por el contrario, el partido logra acredar la legalidad de sus prácticas.

Mientras tanto, la calificación de los hechos como de «enorme gravedad» por parte de la justicia deja poco espacio para la ambigüedad: el sistema de pagos en efectivo del PSOE está bajo la lupa, y sus explicaciones deberán ser mucho más convincentes que las ofrecidas hasta ahora para disipar las sombras que se ciernen sobre la financiación del partido en el poder.

Los fundamentos de la investigación

El origen de esta pesquisa se encuentra en el caso Koldo, donde se investiga una presunta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. El Tribunal Supremo, al investigar a los principales implicados —el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García— detectó irregularidades en los pagos en metálico que recibían del partido.

El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa en el Supremo, identificó múltiples problemas en el sistema de gestión de gastos del PSOE: