El presidente ha consumido el mayor blanqueamiento del terrorismo mientras las víctimas de ETA son arrojadas al vertedero de la “memoria selectiva”
La cifra es de una frialdad que hiela la sangre: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ASESINADOS. Hombres y mujeres que un día acabaron cosidos a balazos en una emboscada, volados por un coche bomba o ejecutados con un tiro en la nuca. Sus apellidos están grabados en mármol en todas las comunidades de España, pero el mármol no sangra. Y el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que ya no sangren en la memoria colectiva.
El miserable de Sánchez, en su sórdida alianza con Bildu, no solo está lavando la cara a los herederos de ETA: está borrando deliberadamente del relato histórico los cadáveres de quienes fueron vilmente asesinados por ETA. Mientras el presidente se retrata en caseríos con Arnaldo Otegi y pacta reformas legales para vaciar las cárceles de etarras, los familiares de todos los asesinados asisten al espectáculo de ver cómo sus verdugos son recibidos en La Moncloa como “interlocutores políticos”.
Los datos son tozudos, aunque a Sánchez le incomoden. Entre 1968 y 2010, ETA asesinó a 854 personas . De ellas, 581 eran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Nacionales, Guardias civiles y militares, 321 civiles y 32 Políticos, cuyos crímenes —cada uno con nombre, apellidos, huérfanos y viudas— han sido sistemáticamente ninguneados por un gobierno que prefiere hablar de “superación del conflicto” y “concordia”.
¿Concordia con quién? ¿Con asesinos como Josu Ternera, Iñaki de Juana Chaos o Henri Parot, que acumulan decenas de muertos a sus espaldas y jamás han mostrado un ápice de arrepentimiento? . ¿Con una formación, Bildu, que incluye en sus listas a etarras convictos y sigue refiriéndose a ellos como “los suyos”? .
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que representa a quienes han sufrido la metralla en carne propia, ha sido tajante: esto no es política, es “blanqueamiento del terrorismo” . Su presidenta, Maite Araluce —hija de Juan María Araluce, asesinado por ETA en 1976—, denuncia que Sánchez pretende “eliminar el rastro de ETA” y “borrar lo que pasó antes de ayer”. Porque el presidente sabe que una sociedad sin memoria es una sociedad sin defensas. Y un pueblo que olvida a sus ciudadanos asesinados está condenado a repetir la humillación.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo expresó con precisión quirúrgica: “Otegi es el socio más fiable de Sánchez” . No es retórica opositora, es constatación factual. El coordinador de Bildu —un partido que nunca ha condenado el terrorismo— ha pasado de ser el hombre que justificaba la “lucha armada” a dictar la política penitenciaria española desde el salón de plenos del Congreso. Y mientras tanto, los asesinados son reducidos a polvo estadístico, a notas a pie de página en la hemeroteca.
Pero no nos engañemos: no es olvido, es estrategia. El gobierno no ha tenido empacho en programar más de cien actos de la llamada “memoria histórica” para demonizar el franquismo, pero guarda un silencio sepulcral cuando se trata de honrar a los que cayeron bajo las balas etarras . Esa es la verdadera naturaleza del sanchismo: una memoria selectiva, sectaria y profundamente indigna, que reparte medallas al victimismo según afinidad política, y la equidistancia que muestra con las víctimas del terrorismo es enorme y pasará a la historia por ser el primer presidente del Gobierno de España en mostrar condolencias por el fallecimiento por suicidio del terrorista Igor González Sola y banalizar el terror de ETA refiriéndose a ellos como ‘la banda ETA’.
El último episodio de esta ignominia ha sido el intento de sacar a ETA de la lista europea de organizaciones terroristas . Afortunadamente, la presión ciudadana y de las asociaciones de víctimas ha obligado a recular, pero el daño moral ya está hecho. El simple hecho de que se haya planteado revela hasta qué punto Sánchez está dispuesto a prostituir la historia de España con tal de prolongar su estancia en el poder.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero —asesinado por ETA en el año 2000—, lo denuncia con la rabia contenida de quien ha visto de cerca el horror: cada gesto del gobierno hacia Bildu “hiela la sangre” de las víctimas . Y razón no le falta. Porque mientras el Ejecutivo besa el anillo a Otegi, los asesinos de ETA reciben homenajes en los pueblos vascos sin que el gobierno mueva un dedo para impedirlo .
El presidente Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas que el PSOE de antaño se había marcado a sí mismo. Aquel partido que sufrió el zarpazo de ETA —con militantes asesinados como Froilán Elespe, Fernando Múgica Herzog, Joxeba Pagazaurtundua, Fernando Buesa o Juan Manuel García— se ha convertido en la muleta parlamentaria de quienes jamás han condenado aquellos crímenes. La evolución es tan obscena como reveladora.
Porque no se trata solo de un pacto político. Es la rendición incondicional de un gobierno que ha decidido enterrar a sus propios muertos para seguir vivo. Es la traición a todos los españoles, especialmente a 854 familias que un día vieron cómo sus seres queridos volaban por los aires, eran acribillados o recibían un tiro en la nuca.
El legado de Sánchez será este: el presidente que prefirió pactar con quienes nunca pidieron perdón antes que honrar a quienes perdieron su vida por unos malnacidos. Y mientras tanto, los 854 asesinados siguen esperando. Esperando que alguien pronuncie sus nombres en La Moncloa. Esperando que el mármol donde están grabados vuelva a significar algo.
Pero es difícil que el poder mire al mármol cuando está demasiado ocupado haciéndose selfies con los herederos de quienes los asesinaron.
