El anuncio de la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado coincide, ¡oh, casualidad!, con un momento en el que la agenda política del Gobierno necesita urgentemente un cambio de capítulo. ¿Interés por la memoria histórica o necesidad de enterrar los casos de corrupción bajo el polvo de los archivos militares?
Hay efemérides que pesan y efemérides que se utilizan. Esta mañana, Pedro Sánchez ha resucitado el fantasma del 23-F con la destreza de un ilusionista experimentado. «La memoria no puede estar bajo llave», ha escrito el presidente en su cuenta de ‘X’ para anunciar que mañana el Consejo de Ministros desclasificará los documentos secretos del golpe de 1981 .
Nadie en su sano juicio puede estar en contra de la transparencia. Conocer los entresijos de aquella noche de angustia en la que el teniente coronel Tejero irrumpió en el Congreso con el bigote tieso y el tricornio calado es, sin duda, un ejercicio de salud democrática. Los archivos del CESID, las comunicaciones de la Casa Real, los 89 volúmenes del Tribunal Supremo… todo ese material estará disponible para los ciudadanos a partir del miércoles .
Pero uno no puede evitar sentir ese cosquilleo en la nuca que precede a las grandes tomaduras de pelo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 45 años después y no antes? La respuesta oficial es tan bonita como hueca: «saldar una deuda histórica con la ciudadanía» .
El arte de la oportunidad política
Resulta fascinante comprobar cómo la «deuda histórica» se paga siempre en el momento políticamente más oportuno. El Gobierno lleva meses enfrascado en una ley de Secretos Oficiales que prometía revolucionar la transparencia, pero los plazos se alargaban como chicles. Sin embargo, de repente, cuando la presión en otros frentes aprieta, el Consejo de Ministros saca la varita y: ¡abracadabra! Los papeles del 23-F se desclasifican por decreto, sin esperar a la reforma legal .
Qué bonito es ejercer la transparencia cuando toca esconder otras cosas. Porque mientras los españoles podremos hurgar en las transcripciones de las escuchas telefónicas de 1981, probablemente seguiremos sin poder acceder a según qué documentos sobre casos de corrupción que afectan al presente y no al pasado.
El pasado como refugio
El presidente habla de construir «un futuro más libre» conociendo nuestro pasado . Pero qué curioso que ese pasado que ahora se abre en canal sea el de un golpe militar fallido del que todos los demócratas, afortunadamente, salieron bien parados. Qué conveniente que el foco se desvíe hacia los tejemanejes de hace casi medio siglo, cuando los tejemanejes de esta misma semana empiezan a resultar incómodos.
No sería la primera vez que el relato de la «memoria democrática» sirve de parapeto para esquivar preguntas incómodas sobre el presente. Mientras los medios rastrean si el Rey Juan Carlos sabía más de la cuenta o si tal general tuvo conversaciones comprometedoras, en algún despacho oficial alguien respira aliviado porque el debate público ha viajado en el tiempo.
Bienvenida sea la luz, pero sin trampas
Por supuesto, que los documentos vean la luz es una buena noticia. Cualquier historiador serio agradecerá poder consultar los archivos del CESID y las comunicaciones de aquella madrugada de angustia . La sociedad española tiene derecho a saber qué pasó realmente mientras los diputados se tiraban al suelo y Tejero disparaba al techo.
Otra cosa es que utilizamos este ejercicio de transparencia histórica como coartada para mantener cerrados otros cajones. Ojalá me equivoque, pero me temo que mientras todos miramos hacia 1981, el presente sigue su curso con sus escándalos, sus causas judiciales y sus incómodas preguntas sin respuesta.
El problema no es que se desclasifique el pasado. El problema es que se siga clasificando el presente.
*Al fin y al cabo, 45 años después, el 23-F ya no es una amenaza para la democracia española. Ahora es, simplemente, un magnífico titular para enterrar otros titulares.*
